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Los costarricenses debemos tomarnos en serio lo sucedido en 11 estados de México luego de que el ejército asesinara a Nemesio Oseguera, alias el Mencho, jefe del cartel Jalisco Nueva Generación. Aunque estamos lejos de enfrentar represalias coordinadas como las que asestó esa organización, subestimar la capacidad de reacción del crimen organizado sería un grave error. Lo responsable es actuar ahora para frenar la penetración del narco y evitar el empoderamiento de los traficantes antes de que ganen más terreno.
México no llegó a ese nivel de un día para otro. Hubo señales como la expansión de grupos criminales que crecieron a partir de células locales; el aumento de homicidios por disputas territoriales; la infiltración de fronteras, puertos y estructuras políticas, y la normalización de la economía del narcotráfico y del soborno en comunidades enteras. Así, el pico de violencia subió hasta 29 homicidios por cada 100.000 habitantes entre 2018 y 2020.
Costa Rica no está en ese punto, pero hay claras señales de alerta. La tasa de homicidios pasó de 12,6 (por 100.000 habitantes) en 2022 a 16,7 el año pasado, un aumento significativo impulsado por disputas entre bandas. Solo en 2024, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó cerca de 200 bandas que reclutaban de forma directa al menos a 4.000 personas, una red con armamento prohibido y capacidad para ejercer violencia de forma estratégica.
En estas agrupaciones, emergen figuras que lideran con gran violencia, como Alejandro Arias Monge, alias Diablo, cuya notoriedad refleja la personalización del poder criminal. Es el hombre más buscado desde 2018 y, pese a la recompensa de $500.000 ofrecida por la Administración de Control de Drogas (DEA), se escabulle protegido por redes de información, movilidad constante, refugios y poder económico. En 2020 ofreció hasta ¢5 millones por cada policía del OIJ asesinado y en 2021, cuando se presumía que había sido ultimado, circuló un audio: “La gente se equivoca y, lamentablemente, estoy aquí de nuevo”.
Desde entonces, deja una estela de sangre y miedo en Limón y Guanacaste, al punto de que, el 31 de enero de 2025, habría pagado a un sicario por el asesinato de Geiner Zamora, subjefe del OIJ en Pococí, quien le seguía los pasos a sus negocios de robo de ganado, tráfico de drogas, legitimación de capitales y homicidios.
La experiencia mexicana demuestra que descabezar organizaciones no elimina los mercados ilícitos, sino que los reconfigura, los fracciona y, muchas veces, los vuelve más violentos, tal como se pronostica luego de la muerte del Mencho. La persecución policial es imprescindible pero insuficiente, porque el vacío que deja un capo lo ocupará otro.
Lo prioritario es una estrategia con visión integral. Eso implica blindar el país contra ingresos de drogas por costas y fronteras; reforzar la vigilancia aérea y la coordinación del patrullaje conjunto con Estados Unidos, y poner a funcionar en puertos, sin más demora, los escáneres que impidan camuflar drogas en exportaciones legales.
A la vez, con planificación y metas, el Estado debe enfocar la inversión social hacia las comunidades donde el narcotráfico recluta a jóvenes sin oportunidades de movilidad social. No basta con más patrullas ni más cárceles si en las zonas más vulnerables no se ofrece educación de calidad, formación técnica, becas y empleo digno para contrarrestar la creciente desigualdad y exclusión social.
El Ministerio de Seguridad Pública, por su parte, está llamado a recuperar su rol preventivo y a dar presencia a la Fuerza Pública en sitios donde el narcotráfico llenó su ausencia. Debe, sin demora, cumplir promesas operativas, como la anunciada en 2023, de tener hasta 9.500 policías simultáneamente en las calles. Aunque por ley no le correspondía, el OIJ demostró, con la “Operación Caribe”, cuán efectivo es ver policías en sitios públicos. En plena ola de homicidios en Limón, a inicios de 2024, un contingente de agentes judiciales se instaló en la ciudad para advertir “aquí estamos” y, durante esos 22 días, no hubo un solo homicidio ligado a sicariato. El costo fue alto: se consumieron tres meses de presupuesto en viáticos y horas extra, lo cual confirma la importancia de que el gobierno destine más recursos a combatir la delincuencia.
Paralelamente, es vital que el Ministerio de Justicia impida que las cárceles sigan funcionando como centros de mando del crimen organizado. No basta con sentencias judiciales que encarcelan a los cabecillas si desde prisión continúan girando instrucciones y coordinando homicidios. En julio pasado, el OIJ atribuyó a un recluso condenado a 24 años el haber ordenado al menos 15 asesinatos desde Máxima Seguridad de La Reforma; esto, por medio de teléfonos públicos o de celulares introducidos ilegalmente al penal.
Sin caer en alarmismos, lo ocurrido tras la caída del Mencho obliga a reconocer que cuando el narcotráfico acumula poder económico, territorial y social, revertirlo exige años de sangre y recursos. La prevención siempre será menos costosa: en dinero y en vidas. Actuar a tiempo es una responsabilidad impostergable.
