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El creciente endeudamiento del país plantea un enorme desafío para la presidenta electa, Laura Fernández, quien asumirá el poder el viernes 8 de mayo con una deuda pública por encima del 60% del PIB. La próxima gobernante también estará sujeta a la regla fiscal que impone estrictos límites al crecimiento del gasto y obliga a revisar inversiones y postergar iniciativas. Pero el reto va más allá porque hay señales de desaceleración en la recaudación de impuestos, lo cual reducirá la capacidad de su gobierno para financiarse sin recurrir al endeudamiento.
Lo más probable es que, aunque anunció que no va a impulsar nuevos tributos, tendrá que sopesar una posible reforma fiscal para resolver el déficit que fuerza al endeudamiento.
En esa línea, una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) sugirió en marzo no solo mantener firme la regla fiscal aprobada en 2018, sino introducir cambios en la política tributaria para aumentar los ingresos y reformar la gestión de la deuda. Es necesario, dijo el FMI, reducir exoneraciones, establecer una tasa única del impuesto sobre la renta a empresas, aumentar la progresividad del impuesto a las personas físicas y crear una escala de mayores impuestos a los vehículos que contaminan más y de incentivos a los que contaminan menos.
De esa forma, según el Fondo, se podría aumentar la captación tributaria para apoyar un mayor gasto productivo en inversión de capital, educación, seguridad, salud y transferencias sociales focalizadas.
Es momento de decisiones porque el enfriamiento en la recaudación es notable. Los ingresos tributarios ascendieron a ¢6,6 billones en 2025, un 0,7% más frente al mismo periodo de 2024. No obstante, entre 2022 y 2023 creció un 1,8%. El impuesto de renta, el que más dinero le genera al fisco, fue de ¢2,45 billones en 2025, un 1,1% más respecto al año previo. La situación del impuesto al valor agregado (IVA) es crítica. El año pasado aportó ¢2,40 billones, 0,5% menos respecto a los ¢2,41 billones del 2024, el primer retroceso en una década.
Cuando se desgrana el monto nominal de la deuda pública del país, inquieta notar que durante este mandato pasó de ¢28,2 billones en 2022 a ¢31,3 billones en 2025, un alza de casi ¢3 billones.
Con ello, el país rompió la desaceleración observada tras el pico de 2021, cuando la deuda creció casi un 12% por el impacto de la pandemia. En los años siguientes, se moderó a rangos de entre 1,9% y 3,5%, pero en 2025 volvió a acelerarse hasta un 6,7%.
Esto condujo a que la carga financiera cerrara el año pasado en un equivalente al 60,4% del producto interno bruto (PIB), lo que activará, a partir de enero de 2027, el tramo más restrictivo de la regla fiscal. Esa norma, aprobada en 2018 dentro de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, impone un riguroso nivel de disciplina fiscal si el endeudamiento supera el 60% del PIB. Ese umbral no es antojadizo; parte de los criterios del Tratado de Maastricht que, al dar origen en 1992 a la Unión Europea, estableció ese parámetro como referencia internacional de sostenibilidad para la deuda pública.
En la práctica, las restricciones implicarán el congelamiento a los incrementos salariales en el sector público -como los que se dieron entre 2022 y 2025- y un menor margen para inversión en infraestructura y gasto social. En el caso de las pensiones, por ejemplo, únicamente se aplicarían ajustes por costo de vida. Este escenario se mantendría en 2028, dado que la deuda pública continuaría arriba del 60% del PIB durante este año, según las proyecciones de Hacienda.
Si se tratara de las finanzas de una familia, ese hogar debe el equivalente al 60% de todo lo que gana en un año y, tras varios años intentando ordenar sus cuentas, vuelve a endeudarse con más fuerza en poco tiempo. No es una familia quebrada, pero sí llamada a fiscalizar en qué gasta cada colón, porque cualquier imprevisto conducirá a un desbalance financiero.
Por eso, si un hogar en esa situación necesita orden, disciplina y decisiones responsables, el próximo gobierno enfrenta exactamente el mismo reto, pero a escala país. Se requerirá liderazgo, criterio técnico, asignar mejor los recursos, eliminar ineficiencias, resistir presiones de gasto y, al mismo tiempo, asegurar que las áreas críticas para el desarrollo no queden rezagadas.
Pero, además, quienes gobiernan y quienes legislan deben dejar de apostar a endeudar más al país para llenar los faltantes. Esa salida, aunque alivia presiones en el corto plazo, traslada el costo hacia adelante y reduce el margen de acción del Estado.
Lo dijo el presidente Chaves al asumir el mando, el 8 de mayo de 2022: “Una niña nace hoy en Costa Rica y, en lugar de llevar un bollo de pan bajo el brazo, lleva un pagaré firmado con una deuda de miles de dólares. A esos jóvenes les vamos a deshipotecar el futuro”.
En la continuidad prometida por Fernández, la promesa de deshipotecar el futuro debe seguir en pie. Para avanzar en esa dirección, es urgente ordenar las finanzas con reformas que fortalezcan los ingresos y logren eficiencia en el gasto. Porque, al igual que en una familia endeudada, postergar los ajustes solo encarece las soluciones.
