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Las subastas ganaderas son parte de la tradición rural de nuestro país y han sido, durante décadas, un espacio para que los productores obtengan liquidez inmediata y precios justos por su trabajo. Hoy, sin embargo, ese mecanismo legítimo se ve amenazado por el crimen organizado, que lo utiliza como fachada para legitimar dinero ilícito y camuflar a emisarios del narcotráfico bajo la apariencia de ganaderos.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) lo han advertido en múltiples ocasiones: la abundancia de transacciones en efectivo hace de este mercado un terreno fértil para el lavado. El procedimiento es sencillo. Se compra un lote de ganado con dinero del narco, se mantiene un tiempo en la finca y luego se lleva de nuevo a la subasta. Con la reventa, el efectivo pasa a ser transferencia bancaria con factura incluida y queda presentado como ingreso legítimo. Los agentes lo llaman “efecto carrusel”, como lo explicó un reportaje del periodista Roger Bolaños, en la Revista Dominical.
Incluso, Randall Zúñiga, director del OIJ, planteó la necesidad de bancarizar todas las transacciones en las subastas ganaderas para garantizar trazabilidad y cerrar portillos al lavado. Recordó que en el Caso Venus, cuyos sospechosos fueron detenidos en junio, se habrían blanqueado ¢3.000 millones en solo un año mediante una moderna subasta en Bagaces, Guanacaste. De igual forma, en el Caso Fénix –uno de los expedientes más relevantes de legitimación de capitales en la historia del país–, las autoridades decomisaron ¢5.155 millones en efectivo en Pérez Zeledón en 2022, donde la ganadería figuraba entre las actividades utilizadas por la organización criminal.
Por eso, es urgente resguardar las 24 subastas ganaderas frente a la infiltración del narcotráfico. Si se sigue postergando esta tarea, se debilita la confianza en una actividad que sostiene a más de 37.000 productores rurales y, al mismo tiempo, el país corre el riesgo de sanciones internacionales por incumplir normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El proyecto de reforma de ley presentado por el gobierno de Rodrigo Chaves a la Asamblea Legislativa, a inicios de agosto, va en esa dirección al proponer que las subastas ganaderas y a las agencias de compra y venta de vehículos deban inscribirse ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). La iniciativa modifica la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado y Actividades Conexas (N.° 7786) para que estos sectores deban reportar operaciones sospechosas a partir de $10.000 y someterse a controles similares a los de bancos, casinos o corredores de bienes raíces.
El propósito es cerrar los portillos abiertos desde el 2017, cuando los diputados aprobaron una reforma que eliminó la obligación de las agencias de autos de reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Desde entonces, algunas agencias envían reportes de manera voluntaria al detectar operaciones irregulares, como pagos en efectivo por automóviles de lujo, informó el Instituto Costarricense sobre Drogas. En 2024 se registraron 27 casos sospechosos, la cifra más alta de los últimos siete años, aunque el ICD advierte de que el número real podría ser mucho mayor si este sector estuviera obligado por ley a informar de cada transacción inusual.
En el caso de la ganadería, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) alertó desde el 2021 que los narcotraficantes recurren a la compra de inmuebles usados, lotes y fincas en zonas alejadas y con escaso control estatal para instalar allí operaciones encubiertas. La estrategia incluye deforestación, siembra de pastos de alta calidad y adquisición de ganado, con lo cual logran dar apariencia de legalidad a terrenos que en realidad funcionan como plataforma para el lavado de dinero.
Aunque la Corporación de Fomento Ganadero (Corfoga) respalda la reforma de ley, sostiene que el peso del efectivo en las subastas no es tan determinante como se percibe. Según la entidad, la mayoría de los ganaderos paga mediante transferencias bancarias, cheques o incluso tarjeta, mientras que las operaciones en efectivo suelen darse en montos menores, cuando alguien vende varias reses y aprovecha para comprar otra en el mismo evento. Esos movimientos rara vez superan el millón de colones. Añadió que, además, el sector presenta cada año informes al Ministerio de Hacienda con la identificación de todas las personas físicas o jurídicas que participan en la compraventa de animales, lo que, a su juicio, demuestra que las subastas no operan en la oscuridad.
Lo relevante es que no hay cuestionamientos de fondo al proyecto de ley, indispensable en un momento en que la penetración del narcotráfico se mantiene en aumento y cada vacío legal se convierte en una amenaza. Los diputados deben actuar pronto, porque regular las subastas es un respaldo a los miles de ganaderos honestos que sostienen la economía rural. Hacerlo es garantizar que los corrales sigan siendo un espacio de confianza y no la puerta trasera por donde el crimen organizado se disfraza de productor.
