EscucharCuando La Nación salió a la calle por primera vez, el sábado 12 de octubre de 1946, con un tiraje de 6.000 ejemplares a diez céntimos, Costa Rica tenía 759.000 habitantes, una capital de 88.000 personas y una economía de café y banano.
Había creado en los años anteriores la Universidad, la Caja Costarricense de Seguro Social y el Código de Trabajo, y estaba a 17 meses de una guerra civil. El concepto de prensa independiente era precario, y la mayoría de los periódicos existentes estaban alineados con algún bando. La campaña electoral traería bombas, heridos y muertos. Ochenta años después, conviene comparar aquel país con el de hoy, sin nostalgia ni alarmismo.
No había un árbitro con la última palabra en 1946. El Código Electoral de ese año creó un Tribunal Nacional Electoral, pero declaraba los resultados solo de forma preliminar y la decisión final era del Congreso. Ya la oposición había denunciado como fraudulentas las elecciones de 1944 y cuando, en 1948, un congreso de mayoría oficialista anuló la elección que el Tribunal había dado por ganada a Otilio Ulate, no hubo a quién apelar. Siguieron unos 40 días de guerra y cerca de 2.000 muertos, según la cifra más citada.
De esa guerra salió, de manera inesperada, la Costa Rica que hoy damos por hecha. Los vencedores conservaron la obra social de sus adversarios derrotados. La Junta Fundadora entregó el poder en noviembre de 1949, a los 18 meses acordados, a Ulate, que había ganado las urnas. Y la Constitución de ese año, producto de la Constituyente en la que los revolucionarios no resultaron mayoría, creó el árbitro que faltaba y lo dotó de reglas: un Tribunal Supremo de Elecciones cuyas decisiones no admiten recurso, Servicio Civil, Contraloría, ciudadanía plena para la mujer y un ejército abolido.
Los actores políticos, Calderón, Figueres, Mora y Ulate, se fustigaban, pero cada uno dejó una pieza que los otros no desmontaron. Esa fue la visión de aquella generación, que aceptó que un país pequeño y pobre no podía permitirse que cada elección terminara en fratricidio.
No todo fue visionario y angelical. La Junta proscribió al Partido Vanguardia Popular, despidió en masa a funcionarios sospechosos de calderonismo o comunismo y empujó al exilio a dirigentes de ambos bandos. La prohibición de partidos considerados contrarios al sistema democrático no se corrigió sino hasta 1975. Una victoria sin pluralismo tarda mucho en enmendarse.
Medido contra 1946, el país gana casi en todo. Tiene un tribunal electoral independiente, una Sala que garantiza el respeto por la Constitución, una Contraloría que fiscaliza el correcto funcionamiento del Estado y un marco legal de libertad de prensa que Reporteros sin Fronteras califica como sólido. La política ya no mata. Y una ciudadanía que, en la encuesta del CIEP-UCR de diciembre de 2025, prefería la democracia a cualquier otro sistema, como lo dijo un 75,2% de los encuestados.
Pero hay rasgos de 1946 que reaparecen transmutados. Hoy, la prensa independiente es blanco del discurso oficial, que aspira a una prensa complaciente. Reporteros sin Fronteras ubicó al país en el puesto ocho en 2022 y en el 38 en 2026, un deterioro que, según la misma organización, documenta un clima público hostil y un riesgo de autocensura del ciudadano. El índice de transformación de la Fundación Bertelsmann de 2026 advierte de que el Ejecutivo ha confrontado el sistema de pesos y contrapesos y la polarización se ha intensificado. La misma encuesta del CIEP muestra que una de cada cuatro personas relativiza la democracia, diciendo que depende de las circunstancias o que da lo mismo.
La violencia cambió de dueño. En 1948 era política, y se resolvió con institucionalidad; hoy es criminal, y el Ejecutivo sostiene que esa misma institucionalidad es la que impide su disminución. Los 873 homicidios de 2025 son la tercera cifra más alta de la historia del país. No es una guerra civil, pero es un recordatorio de que la paz que heredamos no se sostiene sola.
Los políticos de 1949 no confiaron en la buena voluntad, ni la ajena ni la propia. Por eso, diseñaron un sistema para desconfiados, con un árbitro sin apelación y un cuartel convertido en museo. Ninguna de las piezas de ese sistema exige que nos queramos, pero todas exigen que las respetemos. Esa es la razón por la que han resistido tan bien a la discordia; lo que no resisten es que dejemos de respetarlas, que quien gobierna las trate como estorbo o quien se opone las use como arma.
Los rivales de este periódico le daban tres meses cuando salió, en 1946. El pronóstico se fue desmintiendo cada mañana, ejemplar por ejemplar. A la democracia nadie le ha puesto plazo, lo que es a la vez su ventaja y su riesgo, porque los países suelen descubrir cuánto valían sus reglas el día que se les acaban. Un periódico sigue vivo mientras alguien lo lee; una democracia, mientras alguien respeta sus reglas.
