EscucharEl Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) cobró a la Junta de Protección Social de San José (JPS) ¢2.875.000 por cada programa de La rueda de la fortuna. Su rating en la franja horaria de las 6:30 p. m. era de 0,35 puntos de audiencia. Canal 7, donde el éxito del espectáculo promocional estaba probado, cobraba ¢2.966.195, con 8 puntos de audiencia.
La diferencia era de ¢91.195 y siete puntos de audiencia. No había forma de justificar el traslado del programa a Canal 13. Entonces, la desconcertante intervención del presidente de la República en la administración de las raspaditas obligó a la JPS, un ente descentralizado con autonomía administrativa y funcional, a hacer un estudio de mercado para que Canal 13 mejorara la oferta más baja.
La mejor oferta fue de un canal sin audiencia. La cotización de ¢2.542.500 fue superada por el Sinart, como se tenía previsto, por una diferencia de apenas ¢173, pero en ningún caso se tomó en cuenta el rating. En suma, el estudio de mercado no considera lo que se pretende adquirir, ni en cantidad, ni en calidad, ni en eficacia para satisfacer las necesidades de la entidad contratante.
Pero no había otra forma de justificar el traslado de La rueda de la fortuna, y la orden de la Casa Presidencial era tajante. “Fue una instrucción del señor presidente, que hiciéramos un estudio de mercado y que el Sinart se tenía que igualar a la mejor oferta”, explicó Esmeralda Britton, presidenta ejecutiva, a la Directiva de la JPS.
Los técnicos de la JPS habían criticado la decisión en ciernes por lesiva para los intereses de la entidad y de los programas sociales financiados con sus ganancias, entre ellos, los de vivienda y cuidados paliativos. Evelyn Blanco, jefa del Departamento de Mercadeo de la JPS, informó a la Directiva de que todos los datos de ventas, activaciones y ratings se le presentaron al presidente Rodrigo Chaves, quien, aun así, ordenó el traslado del programa al Sinart.
“Lamentablemente, yo ya había hecho esas advertencias, tal vez durante seis meses, y la posición es ‘se salen de Canal 7 y punto’”, afirmó Britton ante los demás directores. El 26 de junio, con plena conciencia del probable daño para la institución y total conocimiento del criterio técnico en contrario, la Junta Directiva de la JPS obedeció. La presidenta ejecutiva estaba bajo considerable presión.
Según la exministra de Comunicación Patricia Navarro, el presidente había asegurado que si Britton no acataba sus órdenes sobre la publicidad estatal, se vería obligado a buscar una nueva jerarca para la institución. El intercambio entre ambas funcionarias quedó documentado en la aplicación de mensajería WhatsApp.
Entonces, se hizo una contratación directa, sin concurso público, mediante la figura de contrato entre entes públicos. Ese procedimiento exige un estudio de mercado para demostrar la idoneidad de lo convenido y, en este caso, como resulta evidente por las carencias del estudio utilizado como justificación, el requisito no parece cumplido.
El daño previsible fue contemplado al punto de la discusión de medidas alternas para mantener el nivel de las ventas pese al traslado del programa promocional. Britton informó a la Directiva sobre una reunión con el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives, donde conversaron acerca de posibles estrategias para enfrentar la eventual caída de las ventas.
La relación de hechos surge de documentos oficiales y testimonios de altos funcionarios involucrados. Ahora que la Fiscalía anuncia su intención de esclarecer el manejo de las contrataciones publicitarias, estos documentos y testimonios podrían resultar de gran relevancia.
