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La noticia de que el narcotráfico utiliza la venta de cigarrillos de contrabando para financiar sus operaciones debe poner al país en acción. Se trata de un negocio ilícito que fortalece a las bandas criminales en la distribución de cocaína, marihuana y otras drogas, al tiempo que les permite expandir su control territorial y sus redes de lavado de dinero.
Este comercio clandestino representa un 40% del mercado nacional de cigarrillos y va más allá del contrabando, al impactar de forma directa en la salud pública, la seguridad ciudadana y la recaudación fiscal, como lo advertimos en el reportaje “Mafias se disputan venta de cigarros ilegales para lavar dinero y financiar ‘planillas’”, publicado el 15 de junio.
Allí, el fiscal adjunto Mauricio Boraschi confirmó que los narcotraficantes convirtieron el contrabando en su “caja chica”, en una fuente continua y discreta de efectivo. La explicación es sencilla: mientras esperan semanas para recibir dinero por la colocación de cargas de cocaína, la venta de cigarrillos les financia el pago de “planillas” a transportistas, vendedores y sicarios.
Este modelo funciona en México, donde el cartel Jalisco Nueva Generación mantiene una estructura llamada “cartel del tabaco”, que opera mediante sociedades anónimas, redes de distribución ilegales e incluso una fábrica propia.
El impacto fiscal también es abrumador. Cada cigarrillo que ingresa legalmente a nuestro país paga ¢26 de impuestos. Si tomamos como base solo los decomisos –sin contar el volumen que sí logra circular–, Hacienda ha dejado de percibir ¢1.432 millones en tributos en tres años. En el 2023 se confiscaron 25 millones de unidades; en el 2024, 17 millones; y en cinco meses del 2025 (a mayo), 18,6 millones.
Esas cifras mayúsculas confirman que lo que no se decomisa es mucho mayor. Cálculos de Cid Gallup Latinoamérica indican que Hacienda deja de percibir $26 millones anuales (¢13.200 millones) por esta actividad delictiva, mientras que el Observatorio del Comercio Ilícito de la Cámara de Comercio de Costa Rica eleva la cifra a $100 millones.
También enfrentamos un grave problema de salud pública en un sistema sanitario ya sobrecargado. Los cigarrillos de contrabando pueden ser más peligrosos, pues ingresan sin registro sanitario. “Podrían estar fumando zacate o boñiga procesada seca, sin saberlo. No se sabe qué contienen, qué químicos les echan, si hay algo para aumentar la adicción”, alertó Boraschi.
A estas complicaciones se suma que el tabaco mata a unas 2.000 personas al año y acumula más de 16.000 enfermos, según la Red Nacional Antitabaco (Renata). La atención médica de sus efectos –infartos, accidentes cerebrovasculares, cáncer y enfermedades pulmonares crónicas– le cuesta a la CCSS unos ¢300.000 millones. Sin embargo, los impuestos sobre el tabaco cubren menos del 17% de ese gasto. En este contexto, el Estado no puede seguir permitiendo que se venda ilegalmente, o se contrabandee, sin consecuencias reales, mientras el sistema de salud se desangra y la evasión enriquece al crimen organizado.
Es necesario atacar la permisividad de las leyes. Un jefe policial relató en el mencionado reportaje que un expolicía, plenamente identificado, lidera la distribución de cigarrillos de contrabando en el centro de San José, y que ha sido imposible cerrar su local, pese a clausuras temporales y procedimientos administrativos. La razón: una legislación laxa. Las normativas actuales también permiten que muchos vendedores callejeros solo sean sancionados por faltas menores –como obstrucción de vía pública– sin atacar el verdadero delito, que es el contrabando agravado.
Tal impunidad exige una respuesta inmediata. El Poder Ejecutivo debe impulsar reformas, asignar recursos y cortar de raíz cualquier indicio de corrupción que facilite este negocio, sobre todo, en Aduanas. El Ministerio de Seguridad, la Policía de Fronteras, la Policía de Control Fiscal y la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) deben unirse para identificar a los líderes y desarticular las redes. No basta con decomisos, es vital capturar a los jefes. El Organismo de Investigación Judicial también debe asumir esa tarea, y lo deseable es una acción articulada entre las instituciones.
La Asamblea Legislativa, por su parte, debe reformar la legislación para que el contrabando se persiga penalmente con mayor severidad, especialmente cuando existen indicios de vínculos con el crimen organizado. A la vez, es necesario avanzar hacia una reforma fiscal al tabaco. Aumentar los impuestos –como recomiendan la Organización Mundial de la Salud y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)– no solo contribuiría a reducir el consumo, sino que permitiría financiar sistemas más eficaces de trazabilidad y fiscalización.
No hace falta mencionar más repercusiones para concluir que este negocio ilícito representa una amenaza directa a la seguridad nacional. El Estado no puede seguir tratando el contrabando de cigarrillos como un delito menor, cuando las propias autoridades judiciales lo señalan como uno de los pilares financieros del crimen organizado.
