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Un amplio y diverso grupo de organizaciones no gubernamentales, centros académicos y colectivos sociales dio a conocer y abrió para su adhesión, el viernes 31 de octubre, un documento de indudable trascendencia en cualquier momento, pero sobre todo en una campaña electoral. Se trata del “Acuerdo nacional contra la desinformación y los discursos de odio en el marco de las elecciones nacionales del 2026 en Costa Rica”.
Se dirige, esencialmente, a los actores políticos, en particular quienes aspiran a puestos de elección popular, y los partidos de los que forman parte. Sin embargo, puede ser suscrito por cualquier persona, mediante un formulario incluido en la página de la campaña. Vale la pena hacerlo.
Firmarlo implica asumir ocho compromisos destinados a impulsar una contienda electoral segura, transparente, civilizada, respetuosa y apegada a la verdad. El primero es respetar al Tribunal Supremo de Elecciones como garante del proceso, sin lo cual los siete restantes perderían solidez. Entre estos están el promover la participación mediante votos libres y bien informados, no difundir ni replicar información falsa o manipulada, corregir los errores informativos, y rechazar y denunciar los discursos de odio.
Se basa, además, en cinco compromisos de quienes, por sus labores como dirigentes o creadores de contenidos, tienen particulares responsabilidades para frenar la desinformación: el rigor informativo, la responsabilidad de los mensajes, el respeto al pluralismo, la transparencia y la corrección oportuna de errores.
La iniciativa es ejemplar, no solo por lo que plantea, sino por la capacidad de sus 16 instancias gestoras para articularse entre sí y llegar a un consenso sobre el documento. Parte del grupo está integrado por el Programa para la Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) de la Universidad de Costa Rica, Voces Nuestras, el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex) y Mujeres por Costa Rica.
Cuentan, además, con el respaldo e impulso de seis instituciones emblemáticas y de gran solvencia: la Defensoría de los Habitantes, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el Consejo Nacional de Rectores y el Programa Estado de la Nación.
En medio de un ambiente político crispado y deliberadamente contaminado desde centros de poder –en particular, el Ejecutivo–, un llamado de esta índole debe ser atendido por todos los candidatos y candidatas. Hasta ahora han sido pocos, pero tienen oportunidad de sumarse en los próximos días.
Tanto la libertad de expresión como la calidad de la información son elementos vitales para el adecuado ejercicio del voto. De aquí la importancia de que los mensajes que emanan desde los dirigentes políticos y líderes de opinión, y se multiplican mediante diversas plataformas mediáticas, se alejen de las nefastas dinámicas del odio, la mentira, la manipulación, la agresión, la polarización, los simplismos y los intentos por silenciar, mediante asedio y amenazas, a quienes opinan distinto.
Todo lo anterior forma parte del fenómeno de la desinformación, que se caracteriza no solo por faltar a la verdad y emitir noticias falsas, o fake news, sino también por recursos más diversos. De ellos forman parte crear confusión entre verdad y mentira, generar desconfianza, secuestrar la atención de la gente con contenidos irrelevantes, articular narrativas ficticias con visos de realidad, difundir infundadas teorías conspirativas, manipular nuestros sesgos personales, trivializar o crispar la discusión sobre asuntos públicos, e infundir temor, así como distraer, insultar y abrumar.
La desinformación es una estrategia inaceptable para secuestrar los criterios autónomos de los ciudadanos y, así, capturar poder. Pero depende tanto de quienes la promueven de manera consciente como de intermediarios igualmente inescrupulosos o poco profesionales. Y a su difusión también contribuyen miles de personas que, sin intención, la multiplican por descuido, pereza, inconsciencia o afán de captar atención. De aquí la importancia de los compromisos a los que convocan los promotores de este acuerdo.
Su llamado se une a otro más general, sobre el cual informamos y editorializamos a principios del mes pasado: el “Pacto ético interpartidario Sitio Mata 2026”. Fue articulado por jóvenes de 18 agrupaciones políticas, y contiene 25 compromisos con la democracia, la ética, la discusión seria, la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a la institucionalidad. Este viernes 7 de noviembre se celebrará una ceremonia en el TSE para su suscripción por parte de candidatas, candidatos y representantes de partidos. Confiamos en que el apoyo sea masivo.
Resulta estimulante y esperanzador que, a pesar de los esfuerzos de algunos dirigentes irresponsables y con afanes autoritarios por debilitar nuestra democracia, esta goza de profundo arraigo social. Además, existe voluntad de organización y acción por defenderla, perfeccionarla e impulsarla. Así lo demuestran el Acuerdo y el Pacto. Reconocemos a sus gestores e instamos a convertir sus llamados en compromisos genuinos.
