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La protección de las exportaciones frente al narcotráfico es más que un asunto policial. Si bien se trata, en primera instancia, de impedir la comisión de un delito con graves consecuencias para la salud pública y la paz social, es imposible dejar de lado las repercusiones sobre la economía.
Un país señalado por el frecuente envío de drogas disimuladas bajo mercaderías legítimas sufre el sometimiento de sus exportaciones a una revisión rigurosa y prolongada en los puertos de destino. Las demoras impiden llegar a tiempo a manos del importador de los bienes legítimos y puede ser fatal para los bienes perecederos. El buen nombre en el mercado internacional es uno de los activos más valiosos para un país dependiente del comercio internacional.
Por eso, es inaceptable la cadena de traspiés que impide emplear la tecnología en la revisión de carga en el megapuerto de Moín. Luego de mil peripecias, el escáner instalado para inspeccionar furgones comenzó a operar en diciembre del 2019, pero en mayo del 2021 quedó fuera de servicio. Un vehículo lo golpeó y dejó la terminal desprotegida ante el narcotráfico, salvo las labores de inteligencia, análisis y perfilamiento de contenedores ejecutadas por la policía.
Cinco meses sin un recurso básico en los puertos de todo el mundo son demasiados, sobre todo, si se considera la historia previa de fracasos en la adopción de la tecnología. Los escáneres no son baratos, pero el precio de $2,6 millones, comparado con el valor de las exportaciones, resulta moderado.
El accidente de hace cinco meses evidencia la necesidad de poner la lucha contra el narcotráfico en el centro del planeamiento de las actividades de carga y transporte. El contrato con la firma holandesa APM Terminals omitió hacerlo, y hoy pagamos las consecuencias.
Según José Manuel Sáenz Scaglietti, secretario técnico del Consejo Nacional de Concesiones, las autoridades pueden conversar con la empresa y hacerle peticiones, pero no imponer plazos, porque el dispositivo para detectar la droga es un servicio complementario no regulado por el contrato. El funcionario reconoce la tardanza en la reparación y dice mantener estrecha comunicación con la concesionaria para reanudar la operación del equipo.
El accidente también pone de relieve la existencia de un solo equipo, insuficiente para brindar la protección adecuada y carente de sustituto en caso de una avería. Ningún número razonable de escáneres basta para inspeccionar 50.000 contenedores mensuales, aproximadamente. La revisión se lleva a cabo de forma aleatoria y en estrecha relación con la inteligencia policial. No obstante, un escáner es insuficiente, no solo por la eventualidad de un desperfecto, sino también por la cantidad de revisiones deseables.
Sáenz afirma que APM Terminals trabaja en la instalación de un segundo escáner con el cual se podría contar en diciembre o enero. Ojalá sea así y ojalá cese pronto la desprotección de nuestro principal puerto. La necesidad no admite discusión: el año pasado, el escáner contribuyó a impedir el embarque de 11 toneladas de cocaína camufladas en contenedores destinados a Europa.
Laura Bonilla Coto, presidenta de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), coincide con el sentido de urgencia. Como es de esperar, el escáner es para los afiliados a la organización empresarial una prioridad. Más bien abogan por la instalación de por lo menos dos aparatos más. «Los decomisos dañan la imagen de Costa Rica en los mercados internacionales. Para combatir el narcotráfico nuestro país debe tener un enfoque integral, con herramientas tecnológicas para el control de las mercancías… Tanto el sector público como el privado deben acelerar la puesta en operación de los equipos», afirmó. Tiene toda la razón.
