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El dictador Nicolás Maduro ha sido removido del poder mediante una intervención militar de Estados Unidos. Calificado como un “prófugo de la justicia estadounidense”, de inmediato fue trasladado a ese país, donde se le imputan, junto a su esposa, múltiples cargos, entre ellos narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína.
Celebramos su caída. El poder que ejercía, producto de un fraude electoral en julio de 2024, no solo era ilegítimo, sino también brutal, empobrecedor y corrupto. Además, se había convertido en el principal sostén económico de la dictadura cubana. Nos inquieta, sin embargo, el método utilizado para su captura, por ser contrario al derecho internacional.
La acción militar desarrollada durante la madrugada de este sábado solo será políticamente justificada si conduce a una transición democrática –y ojalá pacífica–, que devuelva a los venezolanos la libertad y capacidad de decidir por sí mismos el destino de su país. El primer paso debería ser, si desaparece el régimen, transferir el poder con rapidez a Edmundo González Urrutia, el triunfador del proceso electoral usurpado, acuerpado por la indisputada líder opositora María Corina Machado.
Por el momento, no hay certeza de que tal sea el curso de los acontecimientos. Los factores de incertidumbre abundan en el terreno. A la violencia relativamente contenida de la intervención, sobre cuyo saldo aún se conocen pocos detalles, podrían suceder enfrentamientos de mayor envergadura.
La posibilidad de que la estructura de poder sobreviva sin Maduro, al menos en lo inmediato, no puede descartarse. Por ahora, sus principales personajes siguen en aparente control, y este sábado la vicepresidenta Delcy Rodríguez fue juramentada como sustituta temporal.
Un eventual colapso podría estar envuelto en el caos, sobre todo si aplicaran otras fases de intervención militar, posibilidad mencionada hoy por el presidente Donald Trump durante una conferencia de prensa. En esta, también adelantó que su país “controlará” Venezuela durante el tiempo necesario para “una transición segura, adecuada y juiciosa”. La indefinida frase sugiere una posible ocupación y ni siquiera sugiere qué pasos a seguir, y cómo.
En su comparecencia ante los medios, además, Trump no puso énfasis alguno en los contornos del futuro democrático del país; incluso, desdeñó la capacidad de Machado para, eventualmente, gobernar. En cambio, sí enfatizó en que la intervención no tendría costos para los contribuyentes estadounidenses, porque Estados Unidos recuperará el petróleo que “le ha sido robado”, sus empresas reconstruirán la infraestructura energética del país y, de este modo, será posible “hacer mucho dinero”.
Estas manifestaciones, de convertirse en realidad, darían al traste con el legítimo y único propósito de cambiar la dictadura por un gobierno democrático, producto de la voluntad popular y con derecho de decidir sobre los inmensos recursos naturales del país.
Todo esto ocurre al amparo de un manto conceptual en extremo inquietante. Fue expresado con toda claridad en la Estrategia de Seguridad Nacional publicada a principios del mes pasado, plantea como prioridad “restaurar” la “preeminencia” estadounidense en nuestro hemisferio frente a otras potencias, con insensibilidad a los valores de democracia y libertad y preferencia por el énfasis en los intereses.
El 15 de diciembre de 1989, el entonces presidente, George H. Bush, decidió invadir Panamá y derrocar al dictador Manuel Antonio Noriega. La presencia de tropas estadounidenses se mantuvo solo hasta el 30 de enero siguiente, y el mandatario legítimo, Guillermo Endara, asumió el cargo. Sin doctrinas grandilocuentes sobre dominios hemisféricos, se inició así la reconstrucción democrática del país, con pleno respeto por sus decisiones soberanas a partir de entonces.
Ahora estamos ante una situación más compleja, más turbia y más cuestionable. Además, establece un peligroso precedente, no solo en nuestro ámbito geográfico, sino en el escenario global. Se trata de aceptar como posible un “cambio de régimen” por parte de una potencia extranjera a partir de argumentos y cargos elaborados por ella misma, y con evidente irrespeto por el derecho internacional. Los déspotas de Moscú y Pekín deben de estarse regodeando.
Deseamos que estas inquietudes se aclaren con rapidez, que el resultado sea el regreso de la democracia a Venezuela, y que su posible ejemplo positivo active transiciones también en Nicaragua y Cuba. Por el momento, sin embargo, el pronóstico es reservado.
