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Durante lo que va del año, la provincia de Cartago ha sufrido la peor oleada de violencia criminal en su historia: 22 homicidios acumulados hasta el 19 de marzo duplican con creces los 10 registrados durante el mismo periodo del 2025. El efecto ha sido traumático, no solo por su impacto inmediato en vidas humanas y el tejido social, sino también por la relativa tranquilidad que sus habitantes habían tenido hasta ahora.
Con razón, muchos sienten que algo se ha roto. Pero lejos de generar derrotismo o dedicarse a repartir culpas, las autoridades y grupos organizados locales han tomado la iniciativa para arreglarlo. Han partido de un saludable planteamiento proactivo e integral del camino a seguir. Su visión merece tanto atención como apoyo. Además de que puede resultar muy eficaz para atacar el fenómeno a escala provincial, contiene la semilla de lo que debería ser una estrategia nacional.
El banderazo de salida se produjo el 12 de marzo. Una convocatoria de los alcaldes e intendentes provinciales los reunió ese día, en la sede municipal del cantón Central, con el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora; el fiscal adjunto del Ministerio Público, Jeffrey Salas, y altos representantes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Fuerza Pública, la Policía de Control de Drogas y los cuerpos de seguridad municipales.
Como reflejo de que la seguridad no solo demanda patrullajes, control y represión, sino coordinación múltiple, oportunidades y prevención, también fueron citados –y asistieron– delegados del Ministerio de Educación Pública, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
El resultado práctico inmediato fue la creación del Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana, como “un espacio de coordinación estratégica” entre todas las instancias involucradas en la materia. Se reunirá semanalmente para analizar tendencias, integrar esfuerzos, materializar iniciativas e impulsar decisiones orientadas en dos sentidos. En lo inmediato, se propone frenar la escalada delincuencial. A la vez, pretende avanzar en el abordaje de las condiciones estructurales que la propician, y que además vulneran el desarrollo humano.
La decisión de establecer el Consejo forma parte de un manifiesto suscrito por los alcaldes e intendentes, que establece el marco de referencia que debe animar la estrategia, con claridad, sentido de realidad y respeto a los ámbitos de acción de las instancias involucradas. Desde su título, la definen alrededor de dos grandes componentes: seguridad y desarrollo social. Este es también el punto de partida del primero de sus 12 párrafos, que sirve como introducción al conjunto de acciones que consideran “necesarias para fortalecer la seguridad y la convivencia” en la provincia.
El manifiesto llama a “un gran acuerdo nacional” entre los tres poderes de la República, que defina “una política de Estado” asentada en, al menos, tres componentes: “Prevención, fortalecimiento de las capacidades y recursos de las fuerzas policiales que combaten el crimen, y modernización de la normativa jurídica existente”.
Los alcaldes destacan, a la vez, las funciones que atañen al Ministerio de Seguridad y al Poder Judicial: al primero, la “competencia constitucional y legal en materia de seguridad pública”, que definen como “directa”; al segundo, “la investigación y sanción de los delitos”. Definen estas tareas como “pilares del Estado de derecho”; como tales, “deben contar con los recursos, la planificación y el respaldo institucional necesario”.
El manifiesto solicita al Ministerio de Seguridad que incremente el número de policías destacados en la provincia y manifiesta la disposición a colaborar con sus tareas. Además, destaca los aportes de sus municipalidades con policías locales, programas de prevención y apoyo a iniciativas locales. Además, llama al gobierno a realizar mayor inversión social en la provincia y a colaborar con instrumentos jurídicos que les permitan recuperar espacios públicos.
A la Asamblea Legislativa le plantea aprobar reformas legales que, entre otros puntos, faciliten erradicar los búnkeres de drogas, otorgar becas deportivas y culturales y permitir a las policías municipales tener acceso al servicio del 911.
La posición adoptada en el texto y planteada durante la reunión del 12 de marzo coincide plenamente con el modelo que tantos expertos han propuesto, y el llamado que tantos actores políticos responsables han planteado, a los que nos hemos unido. Es un modelo sistémico, coordinado y basado en la colaboración de distintas instituciones. El Ejecutivo no ha sido capaz, o no ha tenido la disposición, de avanzar adecuadamente en tal sentido.
Ahora, los alcaldes cartagineses han decidido no solo tomar la palabra y desarrollar un planteamiento integral: también han tomado la iniciativa sobre parte de la acción mediante la creación del Consejo de Seguridad. El alcance de todo es la provincia. Su trascendencia toca a todo el país.
