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Que una cineasta costarricense llegue a Cannes merece aplaudirla, no solo por su producción y talento, sino porque filmar en Costa Rica sigue siendo más una carrera de obstáculos que una política pública. Valentina Maurel denunció las trabas que afrontó para producir en el país una película reconocida en uno de los festivales más importantes del mundo. Su caso no debería interpretarse como una queja aislada, sino como síntoma de una oportunidad que llevamos años dejando pasar.
El cine no es únicamente cultura. Es empleo, turismo, servicios, formación técnica, marca país y encadenamientos productivos. Una película trae productores, técnicos, transporte, hoteles, alimentación, alquiler de equipo, seguros, permisos y promoción internacional. Cada locación en pantalla puede convertirse en una postal más eficaz que muchas campañas oficiales. Pero, para que eso ocurra, el país debe comportarse como anfitrión, no como aduana de sus propias posibilidades.
Costa Rica tiene casi todo lo que una producción internacional podría buscar: selvas, volcanes, playas, biodiversidad, estabilidad democrática, talento local y una reputación global asociada a la naturaleza. Sin embargo, tener paisajes no equivale a tener industria. La diferencia entre un país bonito y un destino fílmico competitivo está en convertir esa belleza en permisos, seguridad jurídica, incentivos claros, tiempos previsibles y acompañamiento institucional.
Ahí fallamos. Filmar en un parque nacional o en un edificio histórico puede convertirse en una misión casi imposible. Si el permiso para filmar se resuelve cuando la película ya se estrenó en cines, no sirve de nada. La conservación del patrimonio natural y cultural es indispensable, pero proteger no significa paralizar. Se pueden establecer protocolos estrictos, seguros, planes de manejo, límites de aforo, supervisión técnica y garantías ambientales sin cerrar los espacios que mejor podrían contar visualmente el país. Si una producción seria no puede acceder razonablemente a esos lugares, el mensaje al mundo es inequívoco: vengan a admirarnos, pero no intenten filmarnos.
Mientras tanto, otros países entendieron mejor la ecuación. Panamá promociona un esquema de devolución de efectivo sobre gastos locales; República Dominicana consolidó un crédito fiscal transferible y exenciones que han convertido al cine en política de atracción de inversión. Ambos compiten no solo con playas o edificios coloniales que nosotros no tenemos, sino también con reglas, ventanillas, plazos, respuestas y con la convicción básica de que la producción audiovisual es una industria, no una excentricidad de artistas pidiendo favores. No necesitan tener nuestra naturaleza; les basta con tener visión.
Costa Rica ha intentado avanzar. En 2021 se aprobó la Ley de Atracción de Inversiones Fílmicas, con incentivos modestos y tortuosos de obtener, y en 2025 se aprobó la Ley de Cinematografía y Audiovisual, aunque más de un año después, sigue sin reglamentar. Existe una Film Commission y film friendly zones, se participa en festivales y mercados internacionales, y se promueve al país como locación. Pero la pregunta es: ¿está dando frutos? Si hay una comisionada viajando por el mundo para atraer producciones, el país merece saber cuántos proyectos se concretan producto de ese esfuerzo –no los que llegan al país gracias a productores locales y se registran estratégicamente en la estadística oficial–, cuál es el plan de trabajo anual, cuánto dinero dejan, cuántos empleos generan y cuántas producciones se caen por permisos tardíos. La promoción sin métricas se parece demasiado a la escenografía: luce bien, pero no es suficiente para sostener la película.
El problema se resuelve con institucionalidad, no con discursos sobre creatividad ni con fotografías en alfombras rojas. Una ventanilla única real y digital, plazos máximos vinculantes con silencio positivo, tarifas transparentes, permisos diferenciados según riesgo, protocolos claros para parques nacionales y patrimonio histórico, incentivos evaluables y rendición de cuentas. No es una lista demasiado pretenciosa; es lo mínimo que cualquier industria seria necesita para operar.
Es lamentable saber que también se ha estado infravalorando y subfinanciando el Costa Rica Festival Internacional de Cine, mejor conocido como CRFIC, un festival de cine independiente con una impronta inclusiva y humanista, previsto para efectuarse del 23 de julio al 1.° de agosto próximos. Hay que ser muy corto de visión para ignorar la visibilidad internacional que le dan al país las producciones audiovisuales, el empleo que generan y la cadena de beneficios que desatan.
De vuelta al éxito de Valentina Maurel y las actrices costarricenses Daniela Marín Navarro y Mariángel Villegas, queda claro que el talento existe, pero su testimonio evidencia que el país no ha creado las condiciones para acompañarlo.
Celebrar Cannes mientras dificultamos filmar en casa es una contradicción demasiado costosa. Costa Rica puede ser escenario, cantera e industria. Pero debe dejar de actuar como si cada rodaje fuera una amenaza administrativa y empezar a tratarlo como una oportunidad nacional de aparecer en la pantalla del mundo.
