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El gobierno y quienes lo acompañan o inducen en un proyecto político cada vez más peligroso no parecen tener límites en la temeridad y virulencia de sus ataques contra la democracia. Como si no fuera suficiente la velada amenaza de dictadura y cierre del Poder Judicial que Rodrigo Chaves, expresidente y ministro bis, lanzó el 25 de julio en Nicoya, la presidenta Laura Fernández se atrevió a denunciar ayer un inexistente “golpe de Estado”. Según ella, lo perpetró “un sector del Poder Judicial contra la Asamblea Legislativa”. Con esa declaración, ha traspasado un umbral inaceptable.
Mencionamos el término, porque responde, textualmente, a sus temerarias palabras. Con ellas, revela una pasmosa incultura política, un inaceptable desdén por la Constitución, una clara manipulación de la verdad y un profundo irrespeto por el sentido cívico de nuestra población. El término “golpe de Estado” no es de recibo. Por esto, tomamos la decisión de no utilizarlo en nuestros titulares, y si lo hacemos en este texto es, precisamente, para denunciar su uso. Hacer otra cosa sería amplificar un claro intento por fomentar agitación e incertidumbre.
Los medios responsables no podemos prestarnos al juego de crispación permanente que atiza el gobierno. Lo animan dos propósitos centrales. Por un lado, busca apropiarse de la discusión pública y distraer la atención de su desdén e impericia para abordar los grandes desafíos nacionales; por otro, lo utiliza como parte del instrumental para debilitar los pesos y contrapesos democráticos. Ambos propósitos son repudiables; por esto, inaceptables.
Fernández utilizó el concepto en declaraciones desde la Presidencia, junto a Yara Jiménez, presidenta de la Asamblea Legislativa, y otros 23 diputados oficialistas. Su destemplada reacción se produjo por la decisión de la Sala Constitucional que rompió el irresponsable e ilegal bloqueo del Partido Pueblo Soberano a la elección de suplentes de ese tribunal.
El jefe de la fracción de gobierno, Nogui Acosta, echó más leña a la hoguera, al llamar “magistrados golpistas” a los altos jueces que, en cumplimiento de su deber, tomaron la decisión. Jiménez se sumó al riesgoso ruido político con el anuncio de que interpondrá una querella en su contra, por prevaricato. Se trata de un delito que cometen los funcionarios que emitan resoluciones contrarias a la ley o fundamentadas en hechos falsos. Su inexistencia en este caso es evidente.
Ni la presidenta, ni Acosta, ni Jiménez se esperaron a conocer la totalidad de la sentencia, que no ha sido publicada aún, antes de denunciar una inexistente ruptura del orden constitucional, condición para que se produzca un golpe de Estado. Esto revela de forma aún más cruda su imprudente actuación.
El único y verdadero rompimiento que se ha producido es responsabilidad de los diputados oficialistas. Sin razón válida alguna, y con evidente irrespeto por la Constitución, se han negado a cumplir con el deber de elegir los magistrados suplentes, a pesar de que a los anteriores se les venció el periodo en diciembre.
Por mandato constitucional, la Asamblea está obligada a escoger, con plazos acotados, las suplencias a partir la nómina enviada por la Corte Plena. No hay excepción. Sin embargo, el oficialismo la ha devuelto dos veces, lo que ha paralizado varias decisiones, porque basta con que un solo titular se ausente o se inhiba, para impedir su funcionamiento. Esto ha ocurrido, al menos, en 123 casos.
Ante la consecuente vulneración de derechos, un ciudadano interpuso un recurso de amparo contra el bloqueo. La Sala lo acogió y tomó tres decisiones: prolongar, mientras no se haga la elección, la vigencia de las suplencias que existían hasta diciembre; dejar sin efecto “todo acuerdo” legislativo “para devolver la nómina de candidatos a magistrados y magistradas suplentes”, y que esa lista “sea conocida por el plenario en la próxima oportunidad posible, respetando los parámetros” de la sentencia.
Es decir, tal como lo expresó el magistrado titular Jorge Araya García, lo que hizo el tribunal fue “restablecer el orden constitucional a nivel jurisdiccional”. En un comunicado, la Sala calificó las declaraciones de la presidenta como “desproporcionadas y alejadas del respeto que debe prevalecer entre los Poderes del Estado”. Reafirmó, además, su voluntad de seguir actuando “con firmeza, valentía e independencia”. Esto nos da tranquilidad como ciudadanos, pero es, precisamente, lo que el oficialismo intenta frenar.
Nunca, desde la vigencia de nuestra Constitución –que pronto llegará a 77 años–, se habían producido afirmaciones tan peligrosas por parte de un gobierno y sus diputados. Nunca habíamos tenido que soportar los ciudadanos ataques tan destemplados contra los fundamentos de nuestra vida democrática y convivencia civilizada. Por esto, nunca ha sido tan necesario defenderlas, desde las responsabilidades y competencias que correspondan a cada uno. Es lo que ha hecho la Sala Constitucional. Al rechazar los ataques en su contra, le manifestamos también nuestro respeto y apoyo a su labor; también, a las de todo el Poder Judicial.
