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¿Se imagina a más de 700.000 habitantes de 15 cantones de San José, Heredia y Cartago sin agua potable durante semanas o meses? Serían familias enteras sin posibilidad de cubrir necesidades básicas, hospitales incapaces de operar con normalidad, comercios y hoteles obligados a cerrar, y miles de estudiantes de escuelas, colegios y universidades con clases interrumpidas. Esa contingencia, aunque parezca extrema, es un riesgo potencial por la falta de previsiones en el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
Es inconcebible que, pese a las advertencias técnicas acumuladas durante décadas, sus jerarcas no tomaran decisiones para dar mantenimiento eficiente al Acueducto Orosi I y hasta dejaran vencer el crédito para construir la segunda etapa, Orosi II, destinada a garantizar la continuidad del suministro.
Orosi I, inaugurado en 1987, es el acueducto más importante del país no solo por sus 30 kilómetros de longitud, sino por su capacidad. Desde el embalse El Llano, a 1.500 metros de altura sobre el nivel del mar, transporta 1.800 litros por segundo hacia San José y 300 para Cartago. Eso lo convierte en la principal fuente que abastece de agua a la Gran Área Metropolitana (GAM).
Sin embargo, presenta debilidades críticas. La más grave es la carencia de desarenador, un sistema que retiene arenas y piedras antes de que el agua ingrese al ducto. Durante casi cuatro décadas, los materiales han desgastado el metal por la constante fricción y no se conoce el espesor actual ni su resistencia real, como advirtió en un artículo publicado el 7 de setiembre, el ingeniero civil y máster en Recursos Hídricos, Arturo Rodríguez Castillo, quien laboró en el AyA por más de dos décadas.
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Pero hay otra amenaza. Los primeros seis kilómetros fueron construidos con uniones tipo espiga-campana, inadecuadas para una zona de alta sismicidad como esa. Un temblor fuerte podría ocasionar un desacople. Rodríguez apuntó que aun con la existencia de una válvula de emergencia, quedarían 3.000 metros cúbicos de agua atrapados en la línea que, al derramarse en terrenos inestables, podrían provocar deslizamientos de gran magnitud. Y, para complicar más la situación, el AyA carece de tuberías de repuesto y, de producirse una ruptura mayor, la reparación tardaría de cuatro a seis meses, o incluso más si es necesario fabricar piezas en el extranjero.
La ausencia de un plan de contingencia acentúa la vulnerabilidad del sistema. ¿Qué sucedería con los 1.800 litros por segundo que hoy llegan a la planta de tratamiento de Tres Ríos si Orosi I queda inoperante? Ninguna de las fuentes alternativas de la “ruta del agua para la GAM”, anunciada pomposamente por el AyA en febrero, se acerca a suministrar ese déficit.
A la fragilidad de Orosi I se añade la parálisis de Orosi II, un proyecto concebido desde 1990 y con diseños que alcanzaron un avance de hasta un 85%. El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó en 2020 un crédito por $399 millones y el país debía formalizar ese préstamo en dos años, pero AyA dejó vencer el plazo en noviembre de 2022.
El argumento de que se requerían “costos reales” no justifica la pérdida de una oportunidad para asegurarle el agua a tanta gente. Hoy, sin crédito ni ruta clara, Orosi II no figura entre las prioridades del AyA, pese a que las presiones ambientales, climáticas y demográficas hacen cada vez más urgente su ejecución.
La indolencia quedó evidenciada en agosto de 2024, cuando el entonces presidente ejecutivo y hoy candidato a diputado oficialista, Juan Manuel Quesada, calificó Orosi II como “ideas plasmadas en una servilleta”, afirmación desmentida por la documentación técnica del BCIE.
El AyA debe ser conminado a actuar con diligencia. Lo inmediato es realizar una inspección interna de Orosi I mediante tecnologías modernas –robots con cámaras, georradares y rayos X– para conocer el estado de la tubería. En paralelo, urge reforzar las uniones críticas de los primeros seis kilómetros e implementar un plan de contingencia para la GAM que permita responder con rapidez ante una falla estructural o un desastre natural que deje fuera de servicio el acueducto más importante del país.
Y, obviamente, de forma ineludible, es obligación del AyA reactivar sin más pretextos el proyecto Orosi II, aprovechando que la viabilidad ambiental aún está vigente y que la banca multilateral ha reiterado su disposición de financiarlo. Esa reactivación debe darse sin intromisiones políticas en decisiones que, por su naturaleza, deben ser estrictamente técnicas y orientadas al interés público.
Tener a 700.000 personas a merced de un eventual colapso de Orosi I equivale a mantener sobre una cuerda floja un servicio vital. La posibilidad de que haya 15 cantones sin agua durante semanas o meses debe visualizarse como una masiva parálisis en educación y comercios, brotes epidémicos y un fuerte golpe a la economía. Nadie en el gobierno ni en AyA debería dormir tranquilo mientras persista la inacción y el acceso al agua potable de la GAM continúe en grave peligro.
