Editorial

Editorial: Apresurado plan frente al alza de los combustibles

Las cuatro medidas anunciadas por el gobierno poco harán para paliar el impacto del aumento en el precio de los combustibles. La propia administración lo admite

Las cuatro medidas anunciadas por el presidente, Rodrigo Chaves, antes de despegar rumbo a Suiza, poco harán para paliar el impacto del aumento en el precio de los combustibles. El propio gobierno lo admite.

Son, sin embargo, consecuentes con un estilo que privilegia la retórica. Solo así se comprende la urgente convocatoria de una conferencia de prensa el domingo para anunciar el ratón parido por la montaña.

Al urgente llamado acudieron la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz; el presidente ejecutivo de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), Juan Manuel Quesada; el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach; y el titular de Hacienda, Nogui Acosta, además del mandatario.

La medida más eficaz, de las cuatro anunciadas, en realidad no es del gobierno, sino de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), institución con autonomía política, técnica y administrativa sobre la cual el Ejecutivo no ejerce mando.

El 4 de mayo la entidad aprobó una nueva metodología de cálculo para el precio de los combustibles basada en el costo real de importación pagado por Recope, y no en el precio de referencia utilizado por el mercado internacional para fijar el valor de diversos tipos de hidrocarburos.

La nueva metodología no es resorte del gobierno, se viene preparando desde hace dos años y tendrá un impacto limitado. El 18 de mayo la Aresep propuso, con base en la nueva fórmula, rebajas de ¢28 por litro en la gasolina súper, ¢27 en la regular y ¢43 en el diésel, pero en cinco meses de este año los aumentos rondan ¢300 y el ajuste extraordinario aprobado para junio elevará los precios por encima de ¢1.000 por litro, estableciendo una marca histórica.

Durante la conferencia de prensa, el gobierno también anunció la derogatoria del subsidio a los precios del asfalto establecido mediante decreto por el expresidente Luis Guillermo Solís.

Es una medida acertada, pero el propio mandatario admitió su reducido impacto en el precio de los combustibles. Lo importante, dijo, es no cargar el subsidio a la construcción de carreteras sobre los hombros del resto de los usuarios.

La tercera medida es la derogatoria del decreto del expresidente Carlos Alvarado para exigir el consumo de combustible con el estándar Euro 6 a partir del 1.° de enero del 2023.

Esos hidrocarburos son menos dañinos para el ambiente, pero son más caros y, en palabras del ministro Franz Tattenbach, el país no está para ponerse “exquisito” en este momento.

La derogatoria, claro está, solo servirá para evitar un ligero aumento adicional el año entrante y no para enfrentar el alza de precios en la actualidad.

Por último, el presidente condicionó el uso de un préstamo de $200 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), destinado a subsidiar los pasajes de bus, a la adopción del pago electrónico para impedir a “algunos” sacar provecho del apoyo financiero.

El pago electrónico es una aspiración desde hace décadas. Una y otra vez los intereses creados en torno al transporte público han logrado descarrilarlo. Existen estudios que apuntan al aprovechamiento del cobro manual por “algunos”, desde siempre.

El cobro electrónico es un instrumento de control indispensable para asegurar la justa fijación de tarifas, pero a estas alturas solo existe un programa piloto en dos rutas y la promesa de extenderlo a 200 autobuses de la Gran Área Metropolitana (GAM) en el tercer trimestre del año. El plan piloto aplica, además, una fórmula imperfecta, pues permite el pago en efectivo. Mientras subsista ese sistema mixto, el pago electrónico no ofrecerá seguridad como medio de control y no podrá satisfacer las aspiraciones del presidente en relación con el subsidio. ¿Cuándo podrá aplicarse el apoyo financiero si queda condicionado al pago electrónico?

La Aresep recalcó este lunes la relación de tres de las cuatro medidas con sus competencias específicas y prometió estudiarlas, además de enviar a Zapote el análisis técnico de su impacto “en aras de que considere esta recomendación en las acciones que a ellos les corresponden”.

Las medidas anunciadas con tanta premura están crudas y, si llegan a regir, su eficacia será limitada.

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