
Hace varios meses comenzaron a sonar las alarmas, pero el gobierno decidió hacer caso omiso. Las advertencias provinieron de distintos sectores, pero fue más fácil atribuirles la responsabilidad a terceros y mantenerse inactivos. Sin embargo, las cifras publicadas el pasado jueves en un reportaje de este medio no pueden seguir ignorándose: durante el primer semestre de este año, los flujos de inversión extranjera directa experimentaron la mayor caída de los últimos cinco años. El descenso fue del 7%, al pasar de $2.222,4 millones en el primer semestre de 2024 a solo $2.066,3 millones, es decir, una reducción de $156,1 millones.
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Aún más preocupante es que los sectores más afectados fueron el turismo y las empresas establecidas bajo el régimen de zonas francas, con caídas del 27,46% y 23,3% respectivamente, justamente los sectores que han impulsado el crecimiento económico reciente del país. A esto se suma una menor entrada de divisas por turismo y el estancamiento en la producción de las empresas que operan localmente fuera del régimen de zonas francas.
Las causas inmediatas no sorprenden. Apuntan principalmente a una marcada apreciación del tipo de cambio y a la incertidumbre generada por la cuestionada política comercial de la segunda administración del presidente Trump. Además, la creciente inseguridad, los conocidos rezagos en infraestructura, el alto costo de la electricidad, la escasez de personal calificado, el caos vial seguido de las dificultades para la movilidad interna, así como la falta de un liderazgo efectivo de parte del gobierno para impulsar reformas, están pasando la factura.
Con respecto al tipo de cambio, han sido reiteradas las críticas de los sectores productivos a la política cambiaria adoptada por el Banco Central que, en última instancia, ha privilegiado a los importadores y el consumo de bienes extranjeros en detrimento de nuestras exportaciones, el turismo y las empresas nacionales que compiten con productos foráneos.
Las cifras recientes exigen de la entidad una revisión minuciosa de la situación, un análisis del origen exacto de las divisas clasificadas en la categoría de “otros” y del impacto negativo que la abundancia de dólares y su efecto en el tipo de cambio están causando en sectores vitales para la economía nacional. Las medidas del Banco Central no pueden seguir divorciadas de la economía real.
En cuanto a las insondables maniobras arancelarias del Gobierno de Estados Unidos, poco se puede hacer. Aunque sin resultados hasta ahora, la administración Chaves ha hecho bien en acercarse e intentar negociaciones con las autoridades norteamericanas, pero la realidad prevaleciente en Washington D.C. dificulta la consecución de avances significativos, especialmente por las concesiones que podrían exigirse a cambio de la reducción o eliminación de aranceles impuestos unilateralmente.
La “relación especial” con Estados Unidos, en la que este gobierno en su momento depositó esperanzas, no ha pasado de ser una ilusión sin frutos concretos. Por ello, Comex debería acelerar y enfocar sus esfuerzos en consolidar un acuerdo con los países del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y fortalecer los vínculos con la Unión Europea, regiones con las que podríamos integrarnos más profundamente y que representen opciones viables para atraer inversiones frescas, identificar suplidores alternativos en las cadenas de valor, y abrir nuevos mercados de exportación.
Sobre los cambios estructurales que el país requiere, lamentablemente hay pocas expectativas de que el Poder Ejecutivo modifique su estilo, corrija el rumbo o actúe con seriedad en lo que resta de su mandato. Ya se perdió demasiado tiempo en recriminaciones, conflictos y divisiones que solo condujeron a la parálisis en un entorno internacional sumamente complejo. Para rematar, el presidente Chaves parece ahora más preocupado por ver cómo interfiere en la campaña electoral que en gobernar y resolver los problemas de la población.
Con las elecciones de febrero a la vuelta de la esquina, corresponderá entonces a los aspirantes presidenciales presentar propuestas claras para que la nueva administración retome una sólida política de atracción de inversiones.
Para ello, las experiencias del pasado se convierten en valiosos insumos por tomar en consideración, pero dicha política deberá centrarse en mejorar los factores que afectan la competitividad del país; en ampliar, diversificar y asegurar aún más los mercados de exportación, y en conformar una institucionalidad todavía más robusta. En especial, será indispensable mostrar una voluntad inquebrantable para llevar adelante las transformaciones que desde hace mucho tiempo esperan, y capacidad para concertar los acuerdos que se requieren para lograrlo.