Escuchar“Muchos lo sabían, pero nadie hizo nada”. Con esa frase potente y dolorosa, la exnadadora y exseleccionada nacional Marcela Cuesta comenzó a romper años de silencio sobre los abusos que habría sufrido en el deporte. Luego se le unió la medallista olímpica Claudia Poll: “Yo sufrí todas las agresiones posibles… Todas”. Y también el excampeón Manuel Rojas: “Por muchos años, la agresión fue una agresión física, una agresión psicológica”. A los 18 años, en la cima de su carrera deportiva, decidió ponerle fin.
Impactante también es el relato de una exseleccionada nacional de taekwondo, quien hoy tiene 19 años. En noviembre de 2024, acudió a la Fiscalía de Pavas para denunciar que fue violada por su entrenador cuando tenía 15, y señaló al presidente de la Federación Costarricense de Taekwondo (FCT) por no haberla protegido.
El abogado de la joven fue contundente: durante años, hubo indiferencia. Los abusos no solo truncaron un sueño deportivo, sino que dejaron cicatrices profundas. La joven tardó tres años en reunir la fortaleza emocional para alzar la voz. Durante ese tiempo, atravesó un proceso doloroso que incluyó un intento de suicidio. Estos dos lamentables casos, denunciados con pocos meses de diferencia, deben convertirse en una oportunidad para transformar el deporte en un verdadero territorio de cero tolerancia frente a cualquier forma de abuso. No basta con declaraciones, se requiere un compromiso real y sostenido para garantizar entornos seguros en todos los ámbitos.
Esto implicaría reformar las leyes para que los delitos sexuales contra menores nunca prescriban. También, establecer protocolos claros, confiables y ágiles para recibir y procesar denuncias en el ámbito deportivo, sin reacciones burocráticas ni indiferencia institucional. Y, sobre todo, asegurarse de que ninguna federación minimice o encubra estos casos. A la vez, es vital invertir en educación, prevención y acompañamiento psicológico, no solo en castigos.
Es fundamental que el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) y su ministro de Deportes procuren reformas de ley que les permitan tener mayor incidencia ante denuncias de violencia física, psicológica, sexual o por negligencia en el contexto deportivo, porque solo así se podrá atacar un mal que opera en las sombras, se alimenta de la omisión, destruye carreras deportivas y, en el peor de los casos, vidas.
No deben normalizarse más testimonios como el de Jackeline Álvarez, reconocida exfutbolista y comentarista en Fútbol al Día, de canal 8, quien el 27 de junio relató las duras experiencias vividas como jugadora en las décadas de 1990 y 2000: “Viví que entrenadores del fútbol femenino llegaban solo para ver si se acostaban con una”, y recordó haber recibido propuestas explícitas, como que le dijeran que, para ser titular, “el precio era acostarme con él”. Aunque asegura haber expuesto el caso ante un importante dirigente del fútbol femenino, “no pasó nada, no hicieron nada”.
Ese “no hicieron nada” también se repitió en el caso de la extaekwondista. Tuvo que ser la Federación Mundial de Taekwondo (WT), y no la Federación Costarricense de Taekwondo, la que actuara ante los silencios. Una vez informada del caso, la WT ordenó, como medida preliminar, la suspensión de la FCT mientras se investigan aparentes intentos de encubrimiento de conductas indebidas, represalias contra denunciantes y fallas de gobernanza, según comunicó el Comité Olímpico Nacional (CON) el 14 de enero anterior.
Lo alarmante es que no se trata de la primera vez que ocurre un caso similar en el taekwondo. En 2019, un profesor de ese deporte, quien llegó a ser director de selecciones, fue condenado a 12 años de prisión por abusar sexualmente de dos alumnas de 10 y 11 años. En ese momento, la FCT alegó que nunca se enteró de lo sucedido y que lo supo por los medios de comunicación. También prometió crear una comisión para redactar un reglamento que garantizara un ambiente libre de acoso y agresiones sexuales en el deporte. Hoy sufre las consecuencias de esa inacción.
Sin duda, en el deporte se debe actuar por consideración y empatía ante las denuncias de los atletas, no por temor a sanciones internacionales. Porque cuando una deportista dice que fue víctima y nadie le cree, se perpetúa la impunidad. Porque cuando se exige una denuncia formal, pero luego se archiva por prescripción, se revictimiza. Es necesario convencer a todo el país de que ningún triunfo, ninguna medalla ni trofeo justifican el uso de la violencia para ser alcanzados.
Que los exnadadores, la extaekwondista y la exfutbolista hayan roto el silencio debe llevar a todas las autoridades deportivas a poner bajo los reflectores un tema que se evita públicamente. Solo así, la próxima vez que alguien denuncie que “muchos lo sabían”, podrán responder que sí hicieron algo. Callar no puede ser una política deportiva. A quienes sueñan con nadar, correr, meter goles o pelear por Costa Rica, se les debe respeto, integridad y seguridad.
