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No fue solo un gran terremoto. Fue una sacudida que dejó al descubierto las grietas de un país que creía estar preparado. Hace 35 años, el lunes 22 de abril de 1991, a las 3:57 p. m., la tierra se rompió en Limón con un remezón de 7,7 grados que en segundos dejó en evidencia las debilidades del Estado para responder a una emergencia que, conforme pasaban las horas, se tornaba inmanejable.
El desastre demostró que la falta de preparación agrava las desgracias. Antes del temblor, Limón se consideraba zona de baja amenaza y poco se conocía sobre el potencial sísmico en el Caribe, pese a antecedentes en 1822 y 1916. El peligro se subestimó y pasó la factura. En un instante, fallecieron 49 personas y 651 resultaron heridas; en Panamá murieron 79. Aquí colapsaron 452 casas y edificios, 7.869 viviendas sufrieron daños y 309 kilómetros de carreteras quedaron inhabilitados.
Puentes estratégicos sucumbieron y los destrozos alcanzaron 8.000 kilómetros cuadrados. Las pérdidas se estimaron en $180 millones. Como si no bastara con tan graves daños, tres meses y medio después, una onda tropical provocó una de las peores inundaciones en décadas; sus efectos se agravaron por los cambios que el sismo generó en la morfología del terreno.
Por la fuerza, el país entendió que debía prepararse. La amenaza persiste en Limón; en el Pacífico sur, central y norte, y también en la Gran Área Metropolitana (GAM), donde se concentra la mitad de la población y buena parte de la infraestructura estratégica. El sismo de 4,1 grados ocurrido el 22 de agosto del año pasado, con epicentro en barrio Tournón, San José, fue un recordatorio de que incluso las zonas más urbanizadas no están exentas del peligro. Así lo advirtió, el 2 de setiembre anterior, el investigador Esteban Chaves, director del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), al señalar que en el Valle Central “el peligro es real”.
Es más, en 2023, el geólogo Mario Andrés Arroyo Solórzano alertó de que un terremoto de magnitud moderada a fuerte en la GAM podría provocar daños significativos en edificaciones, interrupciones en servicios esenciales y un alto impacto humano, especialmente a causa de las construcciones vulnerables. Su estudio alerta de que el evento más perjudicial podría originarse en fallas locales como la de Aguacaliente, o en un sismo debajo de San José, con efectos más extendidos. En el peor escenario, se proyectan hasta 7.890 muertes y daños en unas 79.000 viviendas.
No se puede ignorar que Costa Rica se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, en un entorno tectónico activo dominado por la subducción de la placa del Coco bajo la del Caribe –y la microplaca de Panamá–, que avanza a una velocidad de 83 a 89 milímetros por año.
Es por ello que desde 1821 se han documentado al menos 68 terremotos funestos –por su impacto humano y económico–, lo que equivale a un promedio de uno cada tres años. El de Cartago de 1910 (6,4 grados) ha sido el más mortífero, con al menos 600 víctimas; más recientemente, el de Cinchona, en 2009 (6,2 grados), dejó 25 muertes, mientras que el de la península de Nicoya, en 2012 (7,6 grados), expuso lo alto que es el riesgo. De todos, el de Limón, en 1991 (7,7 grados), se mantiene como el de mayor magnitud registrado en el país.
De ahí la relevancia de contar con una Comisión Nacional de Emergencias (CNE) sólida, con autoridad clara y capacidad operativa para liderar en momentos críticos y evitar lo que sucedió en Limón: una respuesta marcada por la dispersión de mandos y falta de coordinación. En las primeras horas, múltiples instituciones actuaron sin una jerarquía definida, hubo muchos “jefes” o “caciques”, la ayuda se concentró en algunos puntos mientras otras comunidades permanecían aisladas y la toma de decisiones se vio entorpecida por la centralización y el desconocimiento del territorio. El gobierno, entonces, debió redistribuir funciones entre ministros y jerarcas para tratar de poner orden. Esa experiencia dejó claro cuán necesario es tener liderazgos claros.
Entre las múltiples consecuencias del sismo, la más relevante fue que se transformó la forma en que el país gestiona el riesgo sísmico. Y es que la tragedia llevó a actualizar el Código Sísmico, a fortalecer los planes de atención y a profundizar en el conocimiento científico del territorio. También evidenció la necesidad de reforzar infraestructuras críticas –como hospitales– y de exigir mayor rigor en los procesos constructivos por parte de municipalidades e instituciones.
Por eso, 35 años después, la principal lección es que la preparación debe ser permanente y basada en evidencia científica. La amenaza exige revisar protocolos de forma constante, fiscalizar férreamente la construcción y ordenar el crecimiento urbano con criterios técnicos y no políticos. Y, sobre todo, consolidar una cultura ciudadana de prevención.
