Cuatro son los aspirantes para ejercer el cargo durante los próximos cuatro años: las magistradas Patricia Solano Castro, Patricia Vargas González, Damaris Vargas Vásquez y el magistrado Rubén Alfaro Vargas. Salvo Vargas Vásquez, integrante de la Sala Primera, los otros tres candidatos pertenecen a la Sala de Casación Penal.
Quien asuma la próxima presidencia del Poder Judicial no solo debe poseer conocimientos jurídicos, experiencia, liderazgo y sólida integridad moral, sino firmes convicciones democráticas y el carácter para defenderlas. Debe tener capacidad para promover el diálogo, pero la entereza para llamar las cosas por su nombre en momentos de tanta amenaza contra la autonomía judicial.
Ese asedio está documentado. Lo advirtió el Informe Estado de la Justicia 2025, lo reafirmó en agosto un pronunciamiento de 34 organizaciones internacionales y lo confirman los constantes discursos de descrédito de los gobiernos de Rodrigo Chaves y Laura Fernández contra el Poder Judicial, sus magistrados, jueces, fiscales y funcionarios.
La presión también la ejercen mediante recortes y restricciones presupuestarias que limitarían la capacidad de investigar delitos, perseguir a los delincuentes o desmantelar bandas del crimen organizado. Se favorecería así la impunidad y se alimentaría la desconfianza ciudadana en una justicia a la que se le exigen resultados mientras se le restringen los medios para obtenerlos.
El plan se refuerza en la Asamblea Legislativa con el bloqueo de los 31 diputados de gobierno al nombramiento de los magistrados suplentes de la Sala Constitucional, cuyos plazos vencieron desde diciembre y, a estas alturas del año, los oficialistas mantienen obstruido. Sin duda, un claro golpe a la institucionalidad.
Hablamos de “plan”, porque hay un paso a paso. El 23 de abril, dos semanas antes del traspaso de poderes, Chaves se comprometió ante pastores evangélicos a concentrar más poder. “Nos falta el Poder Judicial”, dijo, y afirmó que, si Fernández se lo permitía, haría todo cuanto pudiera para tomarlo. La idea la reiteró el 25 de julio anterior en Nicoya, al preguntarles a seguidores de gobierno si “les da miedo que cierre el Poder Judicial”.
Y la narrativa se traduce en hechos. Como ministro de Hacienda, impulsa reducciones presupuestarias al Poder Judicial por ¢47.500 millones entre 2026 y 2027; parte de estas todavía sujeta a aprobación legislativa. Además, propone condicionar el uso de otros ¢29.844 millones del próximo año, lo que añade incertidumbre sobre los recursos para administrar justicia. Dicho plan, obviamente, debe contar con la venia de Fernández.
Frente a esa creciente hostilidad del Ejecutivo hacia el Poder Judicial, el país necesita una presidencia judicial con la determinación para defender la supremacía de la Constitución y la independencia de los poderes. Alguien que, con respeto, pero con vehemencia, garantice que todos los ciudadanos, incluso los que ejercen el poder, deban responder ante la ley.
La independencia judicial no solo se vulnera con recortes presupuestarios, querellas intimidatorias o discursos que llaman “basura” a la institución. También se erosiona desde adentro, cuando, a lo interno de la Corte, empiezan a distinguirse quienes actúan con criterio técnico de quienes –con menos ruido pero no menos consecuencia– se van alineando con un bando político, tal como lo advertimos en los editoriales del 12 de agosto, titulado “Hoy más que nunca, el país necesita un Poder Judicial no politizado” y del 4 de setiembre, “Un nuevo liderazgo para un Poder Judicial bajo asedio”.
Junto con el asedio, la Corte afronta otro problema grave: la mora judicial. El Informe Estado de la Justicia 2025 identifica la duración de los procesos como la crítica más frecuente a la institución. A la vez, dictaminó un gobierno judicial lento, poco estratégico y absorbido por asuntos administrativos, así como la resistencia de la cúpula a desconcentrar funciones.
La encuesta del CIEP-UCR de setiembre pasado refleja una percepción ciudadana poco favorable hacia el Poder Judicial, que recibió una calificación promedio de 5,8 sobre 10. Es claro que la próxima presidencia deberá impulsar cambios y rendir cuentas.
Teniendo presentes amenazas y desafíos, los magistrados deben decidir este 26 de octubre. Confiamos en que lo hagan con la mirada puesta en el país. Las amistades, las alianzas internas y hasta las diferencias entre ellos deben ceder ante la responsabilidad de elegir a quien mejor pueda fortalecer la administración de justicia y salvaguardar la independencia judicial.
Cada voto será público y permitirá conocer quién respalda a quién. La decisión debe estar a la altura de la hora que vive el país: elegir un liderazgo capaz de mejorar la administración de justicia y, sobre todo, de preservar su independencia frente a las presiones del poder.
