La principal novedad de la reforma aprobada es procedimental: la ley busca evitar que los afectados deban acudir a un proceso judicial de años para recuperar su dinero. La interrogante ahora es si el procedimiento creado por la nueva normativa funcionará en la práctica sin generar nuevos cuellos de botella institucionales en perjuicio de las víctimas
Editorial
El debate no debería centrarse en abolirla, sino en revisarla con criterios de legalidad, racionalidad y sostenibilidad. El reto es equilibrar la dignidad institucional del cargo con la exigencia ciudadana de evitar privilegios
Cuando el presidente Chaves calificó como ‘therians’ y ‘gente medio tocada’ a más de 293.000 costarricenses, cruzó una frontera simbólica profunda. Una cosa es cuestionar a dirigentes o decisiones políticas; otra, degradar colectivamente a ciudadanos por el mero hecho de su elección electoral
