Cada vez más jóvenes en Costa Rica están completando la secundaria. Según datos de las encuestas del INEC a hogares, en el año 2005, apenas el 40% de las personas entre 18 y 25 años habían alcanzado ese logro. En 2012, era el 50%. Para 2020, el 60%. Y apenas dos años después, en 2022, ese número saltó al 70%. Hoy ya alcanza el 74%.
Esa aceleración no es menor: tomó siete años pasar del 40% al 50%, y ocho años subir de 50% a 60%. Pero el último salto (de 60% a 70%) ocurrió en apenas dos años, justo después de que se eliminaran las pruebas de bachillerato en 2019 y se flexibilizaran aún más los procesos de evaluación y promoción estudiantil.
El dato es contundente: hay 250.000 jóvenes menos sin título de secundaria que hace una década. Si esa mejora refleja un salto real en los aprendizajes, sería una excelente noticia. Pero si solo refleja que bajaron los estándares para pasar –que hoy cualquiera pasa–, entonces estamos frente a un espejismo estadístico.
Según reportó La Nación, la reprobación en secundaria cayó de 19% en promedio (2010–2017) a menos de 6% (2018–2023). En el año 2020 fue apenas del 2,3%. El reglamento actual da más peso al trabajo cotidiano, permite exámenes de reposición, convocatorias extraordinarias y trabajos sustitutivos. Difícilmente, un estudiante repite.
¿Eso significa que aprenden más? Las universidades no lo creen. Reportan aumentos preocupantes en los niveles de rezago en lectura, matemáticas y ciencias. La UNA mostró que el 94% de sus estudiantes de primer ingreso en sedes regionales no alcanza un nivel satisfactorio de comprensión lectora.
Las pruebas PISA también muestran deterioro. Mientras tanto, el sistema ha dejado de aplicar evaluaciones estandarizadas comparables a lo largo del tiempo. Sin FARO, sin bachillerato, sin continuidad técnica entre las pruebas nacionales, que serán nuevamente eliminadas y replanteadas en 2026, no hay manera de saber si se está avanzando.
Solo sabemos que más estudiantes terminan los ciclos de escolaridad obligatorios. No si están listos para lo que viene después. Promover sin exigir aprendizaje no es inclusión. Es abandono disfrazado. Y el costo lo pagan, tarde o temprano, quienes llegan a la universidad o al mundo del trabajo sin las habilidades y destrezas mínimas para avanzar.
affa17@gmail.com
Andrés Fernández Arauz es economista.
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