EscucharLas sombras de la sesión de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR), en la cual se aprobó exigir a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) datos sin anonimizar de los deudores bancarios, se presta para dudar del acuerdo.
El acta de la reunión del 23 de noviembre del 2022 registró que antes de la votación Max Soto Jiménez, uno de los siete directores, preguntó a la gerenta del BCCR, Hazel Valverde, “si en el proceso de construcción” de la solicitud “se participó a las autoridades de la Sugef y del Conassif”.
El presidente ejecutivo, Róger Madrigal —no la gerenta—, tomó la palabra para responder que la Sugef y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, “en principio, mostraron anuencia”. Acto seguido, autorizó a Valverde y ella repitió: “Nos manifestaron su anuencia” y “su interés de colaborar en el proceso”. Incluso, añadió que la superintendenta Rocío Aguilar manifestó interés en “apoyar al Banco”. Don Max se dio por satisfecho con un “gracias”.
Luego, Madrigal apresuró la votación. “Estamos contra el reloj”, dijo, en alusión a que la información era un “compromiso” con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Lo que vino seis días después es sorprendente. El 29 de noviembre del 2022, la superintendenta respondió que no iba a dar datos sin anonimizar porque, de conformidad con la Ley N.° 7558, es información confidencial, tal como se conoció, públicamente, el 17 de agosto, cuando la Sugef informó de que el BCCR denunció a Aguilar penalmente por desacato a la autoridad.
Las contradicciones en el acuerdo de la Junta no pueden quedar en el aire. ¿Por qué Valverde aseguró a los directores que Aguilar estaba anuente si era lo contrario? ¿Por qué se le informó a la Junta de que la Sugef y el Conassif estaban “interesados en colaborar”, lo cual ambas entidades niegan? La transparencia se hace vital porque es incomprensible que los directores no estuvieran enterados antes de votar de la oposición claramente justificada a dar los datos.
Otro punto por transparentar: ¿Por qué se metió al FMI en la presión por los datos sin anonimizar, si el Fondo dice que “no dicta” a ningún país cómo recopilar información para cumplir acuerdos? Las sombras son preocupantes.
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El autor es jefe de Redacción de La Nación.
