Eduardo Ulibarri. 13 febrero

Celebro y suscribo las medidas que presentó el lunes a la Asamblea Legislativa el ministro de Hacienda. Aunque dudo de que su efecto tenga la magnitud y rapidez propuestas, el conjunto, inédito, es muy saludable. Incluye ingredientes estructurales (venta de Bicsa, quizá de Fanal, y ley de empleo público), iniciativas de mejor recaudación y promesas de menor gasto. Si se cumple, aunque sea con mayor lentitud y debilidad que lo anunciado, tendrá un efecto muy positivo en las finanzas públicas, la eficiencia administrativa y la reactivación.

Sin embargo, lo que pudo ser una comparecencia para potenciar las expectativas favorables que había hasta inicios de diciembre, por los avances en la reforma fiscal, derivó en otra cosa: un plan de urgencia ante el mayor déficit con que el gobierno cerró el año, y un esfuerzo por neutralizar el consecuente shock de desconfianza. Si le añadimos la rebaja en la calificación de nuestro riesgo deudor por la agencia Moody’s, el panorama se ve más denso.

Sé que el déficit del 2019 subió, en parte, por gastos obligatorios no recurrentes: compensaciones laborales por el cierre de Japdeva, cierre de Bancrédito y capitalización del banco de desarrollo CAF. Pero esto explica apenas una parte del aumento; el resto, que el ministro denominó “lo que debíamos hacer”, fue producto de decisiones de egresos que se pudieron postergar o compensar con recortes en otros rubros. Pero no se hizo.

Entre ellas estuvieron las transferencias a Conavi y las juntas de educación. ¿Necesarias? Sí, como tantas otras cosas. Pero por el momento y forma en que se hicieron, complicaron el problema global y descarrilaron la confianza: un mal saldo para todos.

Como no hay marcha atrás, el esfuerzo en los meses que siguen es crucial. En lo inmediato, pasa, para el Ejecutivo, por un férreo control del gasto; para el Legislativo, por aprobar la sustitución de deuda cara con otra que lo sea menos. Solo así podrá dársele un golpe rápido al déficit, atemperar el saldo deudor, impulsar las medidas más profundas, pero de efecto diferido, mejorar las expectativas e incentivar una más rápida reactivación. Es un deber esencial y urgente del gobierno, pero compartido por todos los sectores que, por acción u omisión, inciden en sus decisiones.

Twitter: @eduardoulibarr1

El autor periodista y analista.