¿Quién pagó los $128.000?

“Juan Pérez Brenes” lanzó el 20 de octubre una campaña de odio contra la periodista de La Nación Rebeca Madrigal. En una página en Facebook, publicó la foto de Madrigal, del esposo y las dos hijas menores de edad de la comunicadora con el fin de “exponerla”, como para decir “¡vayan contra ella!”.

El ataque lo planeó un día después de una conferencia de prensa en la cual la reportera cuestionó al entonces candidato Rodrigo Chaves.

“Juan Pérez Brenes” era un trol, una página ficticia manejada por una persona que, detrás de una identidad falsa, incitó a hostigar a Madrigal por el simple hecho de que, con carácter e insatisfecha por las respuestas, preguntó y repreguntó.

El tal Juan no tenía “amigos”, y justo ese 20 de octubre se había unido a los seguidores del político para azuzar, con éxito, en el proceso electoral.

“Juan” quizá es un caso aparte, pero es un reflejo del grave hecho que destapó este 7 de abril el conglomerado Meta, dueño de Facebook e Instagram: en la campaña electoral operó una red de troles que gastó $128.000 (¢85 millones) en publicidad digital. Los pagos fueron hechos en dólares y colones. ¿De dónde salió el dinero? ¿Quién destinó tantos millones para provocar confrontación entre votantes?

Meta no se anda con rodeos y detalló: “Aunque las personas detrás de la operación intentaron ocultar su actividad y coordinación, nuestra investigación encontró vínculos con individuos asociados con Noelix Media, una empresa de relaciones públicas con oficinas en Costa Rica y El Salvador”. Está probado; alguien contrató a esa firma con un fin proselitista.

Por esa razón, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) es el primer llamado a investigar para determinar quién financió la camuflada estrategia política en pleno proceso electoral. Es tan sencillo como levantar el secreto bancario de las cuentas de Noelix Media y sus “individuos asociados”, pues Meta es puntual acerca de lo que se hizo en la campaña: “Esta red también amplificó el contenido de las páginas de políticos”.

En vista de la evidente alteración del orden electoral, y para que no se repita, el verdadero responsable debe quedar al descubierto y, en ello, el TSE debe imponer su autoridad para hacer válida la transparencia electoral.

amayorga@nacion.com