Seamos sinceros, la razón por la que estamos viviendo una tragedia en las carreteras de Costa Rica, con centenares de muertos y miles de heridos por accidentes de tránsito, es que existe la sensación de que cada quien puede hacer lo que le dé la gana.
No existe un control eficaz sobre el tránsito y esta ausencia de control territorial es caldo de cultivo para el crimen organizado. Como sociedad, no estamos dimensionando los alcances de la tragedia.
La Constitución Política encarga al Poder Ejecutivo la preservación del orden y la seguridad del país. Sin estas garantías, nos aproximamos a un Estado fallido, pues la ausencia de un árbitro en las carreteras nos devuelve a la ley de la selva y, lamentablemente, la conducción irresponsable suele provocar víctimas inocentes.
Esta crisis no se resuelve con discursos e insultos, sino encontrando la forma de financiar y dirigir una fiscalización eficaz y honesta del tránsito, en forma sostenible. La mano dura empieza por hacer cumplir la ley vigente, pero estamos contra el tiempo.
Este fin de semana, se registraron cinco fallecidos y al menos 18 heridos en estado crítico en accidentes de tránsito. La mayoría de los casos corresponde a choques entre carros y motociclistas, así como atropellos.
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El país registra un incremento en la cantidad de muertes, lesiones e incapacidades por accidentes en vías y, en este contexto, surge un dato revelador: el 50% de los fallecidos en incidentes de motocicletas carecía de licencia de conducir. Ni siquiera eso estamos controlando.
La Policía de Tránsito tiene apenas 682 oficiales para vigilar 35.000 kilómetros de carreteras, distribuidos en cuatro turnos. Esto nos da 170 policías por turno, sin tomar en cuenta posibles vacaciones e incapacidades. Es materialmente imposible tener un policía para vigilar 205 kilómetros. Es como si un solo oficial tuviese que vigilar una distancia equivalente al trayecto entre San José y Liberia.
La situación ya está tocando el bolsillo de la gente. El Instituto Nacional de Seguros (INS) aumentó el costo del deducible en los seguros voluntarios de vehículos, tanto a los que se portan bien como a los que se portan mal, y dijo que lo hizo para promover la conducción responsable.
¿Quién detendrá esta tragedia? No existe un mesías; se necesita negociación, visibilización de la problemática y la búsqueda de acuerdos.
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