Columnistas

Proteger el secreto bancario

Lo más relevante del secreto bancario es su relación directa con los derechos constitucionales

En una reciente publicación en El Financiero, el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Álvaro Ramos, hizo alusión al secreto bancario como un obstáculo al desempeño de la actividad estatal, opinión que coincide con la del presidente, Rodrigo Chaves.

El secreto bancario, sin embargo, tiene su origen en la necesidad de que las entidades públicas y privadas dedicadas al negocio de la banca resguarden con celo la información de clientes, servicios y productos.

La inviolabilidad de los documentos forma parte del enjambre jurídico de privacidad.

Lo más relevante del secreto bancario es su relación directa con los derechos constitucionales a la intimidad, la vida privada y la propiedad. La confidencialidad de la información de los clientes bancarios no es caprichosa, ya que tiene fundamentos jurídicos de mucho peso.

Solo de forma excepcional estos derechos son relativizados por el Estado, en situaciones previstas taxativamente en la ley, con el insoslayable requisito de una orden judicial debidamente fundamentada por medio de la cual se autoriza abrir la coraza con la que están revestidos.

La intimidad de los ciudadanos debe ser resguardada y la tutela debe garantizarla el Estado, porque resulta necesario que las personas puedan desenvolverse en ámbitos personales de privacidad para el desarrollo pleno de la personalidad.

Es la misma finalidad que tienen los demás derechos constitucionales.

Por esa razón, se reconocen y protegen legalmente la intimidad de las comunicaciones, el hogar, la información médica y el dinero, inversiones y operaciones financieras, salvo ante la misma entidad bancaria, que puede averiguar y asegurarse de la licitud del origen del dinero que resguardará en sus cuentas corrientes.

Los clientes de los bancos están protegidos por esa intimidad no para fomentar actividades ilícitas, sino porque las personas tienen derecho a la privacidad de los flujos monetarios, sus virtudes o vicisitudes, producto de sus emprendimientos personales o empresariales.

Ningún derecho fundamental debe ser visto como un obstáculo a la labor administrativa de interés estatal. Todo lo contrario, un Estado democrático debe garantizar que los derechos particulares sean protegidos porque su centro de atención es la persona y el bienestar debe ser la prioridad.

Ciertamente, algunas personas abusan de los beneficios que emanan de esos derechos para cometer actos contrarios a la ley, y utilizan las estructuras bancarias para legitimar capitales de origen ilícito (lavado de dinero y evasión fiscal).

Para ello, la ley prevé las formas jurídicas por medio de las cuales es posible afrontar y perseguir la ilicitud, sin que se deba sacrificar a todos los ciudadanos proponiendo reformas legales que vayan en detrimento de los derechos constitucionales.

A pesar de los “lavadores” y “evasores” —que siempre existirán—, únicamente cuando haya indicios objetivos de posibles delitos se prevé que el Ministerio Público gestione ante un juez el levantamiento del secreto bancario.

Otras razones que no estén relacionadas con la persecución de los delitos, como por ejemplo el conocimiento estatal de la información protegida por el secreto para obligar a los ciudadanos a pagar cargas sociales, arancelarias o tributarias, u otras afines, resultan injustificables frente a la situación excepcional señalada.

Lo que hoy es una excepción no puede convertirse en regla, porque sería alimentar peligrosamente el Estado leviatán y convertirlo en un todopoderoso, en detrimento de los ciudadanos, quienes serían sometidos a tolerar las arbitrariedades derivadas de ese superpoder.

La tentación del big brother (gran hermano) que todo lo observa y lo controla está patente. Al Estado hay que ponerle límites o amarras porque, de lo contrario, anularía a la persona y devoraría su privacidad que, como dije, es necesaria para el desarrollo de la personalidad en una democracia. Algunos países como Cuba son ejemplo de lo contrario.

Poner la información protegida por el secreto bancario en manos de las instituciones públicas, que en las últimas semanas han evidenciado una atroz vulnerabilidad informática, incrementa la inseguridad ciudadana, en vista del alto riesgo de que los datos privados sean extraídos por la delincuencia común o el crimen organizado.

Abrir la posibilidad de acceder a información privada coloca en un peligro sin parangón a los ciudadanos, entre otros, a extorsiones, secuestros o asaltos, como sucede en países no muy lejanos, como México, Honduras y Colombia.

Sería arriesgado y desproporcionado que paguen justos por pecadores, de llegar a plantearse formalmente una reforma del secreto bancario en beneficio de la actividad estatal.

El Estado debe crear y desarrollar mecanismos eficaces para el cobro de las cargas sociales y los tributos sin sacrificar derechos constitucionales.

El autor es abogado.

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