La redirección política que intenta hacer el Gobierno de la Agencia de Publicidad de Radio y Televisión Nacional (RTN), la cual opera en el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), es insólita. Nunca, como ahora, se había visto a la Casa Presidencial metida de cabeza en dar directrices para concentrar en el Sinart los cientos de millones que tiene el Estado para colocar en publicidad.
Esto no solo es excepcional, sino también riesgoso para la inversión eficiente del dinero público y para la democracia, pues, este esquema publicitario, escaso de rigurosa fiscalización, se podría usar para castigar o premiar, a través de contratos o subcontratos, a medios de comunicación, páginas que simulan ser medios, productores audiovisuales o estrategas de imagen.
Hago un alto para aclarar que La Nación es independiente; no es medio oficialista ni dependiente de la publicidad estatal. Pero hay muchos otros que subsisten gracias a los contratos de entidades públicas y, por ellos, preocupa que el Sinart —ente político, no técnico— concentre el dinero publicitario, sobre todo, ahora que las actas de la Directiva de la Junta de Protección Social (JPS) apuntan hacia una intromisión del Poder Ejecutivo.
Los directores de la JPS, por orden de la Casa Presidencial y contra criterio técnico y conveniencia económica, aprobaron entregar al Sinart la publicidad de esa institución de bien social, que llega a ¢3.588 millones. Inquieta la sumisión y temor de los directores a contrariar la directriz y causa pena la justificación de la presidenta ejecutiva, Esmeralda Britton: es mejor no incomodar al Ejecutivo.
Causa suspicacia también la prisa con la cual la JPS y el Instituto Costarricense de Electricidad contrataron al Sinart a días, o cinco horas antes, como el ICE, de que entrara en vigor la Ley de Contratación Pública, el 1.° de diciembre, la cual les obligaba a justificar el negocio y aplicar controles. Ese apuro para invertir dinero público provoca dudas y sí, da la impresión de qué rumbo podría tomar el presupuesto publicitario si sigue por la libre y nadie —salvo el diputado Ariel Robles, del Frente Amplio— se atreve a cuestionar en manos de quién terminará.
amayorga@nacion.com
El autor es jefe de Redacción de La Nación.
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