Tras la iniciativa para eliminarlas, veo una mezcla de populismo y buenas intenciones. Populismo porque, como escribí entonces, suena bien y da réditos políticos “que todos seamos igualiticos”, y reconectar a tierra a quienes ejercieron el cargo. Buenas intenciones, porque muchos de sus impulsores asumen que, al abolirlas, desaparecerá un privilegio y se fortalecerá la naturaleza republicana e igualitaria de nuestra democracia.
Discrepo. Aunque suene contradictorio, lejos de reforzar, su desaparición puede debilitar la equidad entre candidaturas. Pocos aspirantes presidenciales tienen un patrimonio del que nutrirse tras cuatro años. La mayoría debe romper con su carrera laboral o nexos empresariales. Regresar a ellos no es fácil, a menos que, como los suspicaces suponen, hayan utilizado el cargo para alimentar redes de influencia y generar fuentes de ingresos.
Una pensión digna no lo evitará por sí misma, pero reforzará las defensas ante amagos de corrupción. Su expectativa ayudará a aplanar la cancha entre los que más y menos tienen y a que compitan por la presidencia más personas sin grandes recursos. Será, además, un reconocimiento al ejercicio de la posición institucional más importante del país y una forma de incentivar que los expresidentes sigan incidiendo en la vida pública.
Por sus pésimos resultados, algunos no la merecen. Pero la ley no debe hacerse a partir de los peores casos, sino de lo más justo y conveniente. Por algo, la mayoría de las democracias cuentan con estipendios de esa índole, y hasta beneficios mayores.
Lamento que la presidenta, lejos de defender con argumentos su posición favorable, la haya cambiado para no enfrentar los vientos en contra. Suena a oportunismo, exacerbado porque, lejos de apoyar el proyecto de eliminarlas presentado por el Frente Amplio que el oficialismo rechazó en comisión, ahora anuncia uno propio. Ha quedado muy mal parada.
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Eduardo Ulibarri es periodista y analista.
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