NUEVA YORK– Tras casi dos décadas, 2.400 soldados muertos, otros 20.000 heridos y no menos de ¢2 millones de billones gastados, es comprensible que Estados Unidos esté ansioso por retirarse de Afganistán.
El presidente, Donald Trump, quiere poder anunciar antes de la elección de noviembre del 2020 el cumplimiento de su promesa de campaña de poner fin a la guerra más larga de su país, y sus contendientes demócratas coinciden con él en el deseo de sacar a Estados Unidos del conflicto.
Con ese objetivo, tras una semana de relativa calma, Estados Unidos y los talibanes (los “estudiantes”, cuyo movimiento político y militar suní fundamentalista lleva un cuarto de siglo combatiendo en busca de poder o de gobernar Afganistán) firmaron un acuerdo.
Imagino que habrá llevado tanto tiempo concertar el nombre del pacto como su contenido: se trata del Acuerdo para llevar a Afganistán la paz entre el Emirato Islámico de Afganistán, no reconocido por Estados Unidos como un Estado y conocido como los “talibanes”, y los Estados Unidos de Norteamérica.
Como dicho nombre sugiere, el gobierno de Afganistán no participa, pero el acuerdo pide que se inicie con los talibanes un diálogo político de aquí al 10 de marzo. La agenda de ese diálogo intraafgano incluye la concertación de un alto el fuego permanente e integral, así como “completar y acordar el itinerario político futuro” del país, del cual no se dan detalles.
Básicamente, el acuerdo enumera dos conjuntos de compromisos. Estados Unidos prometió retirar un tercio de sus más o menos 13.000 soldados en un plazo de 135 días y los 8.600 restantes antes del final de abril del 2021 (momento en el cual también retirarán sus tropas los otros miembros de la coalición).
Además, Estados Unidos acepta retirar del país en forma completa a “contratistas de seguridad privados, entrenadores (y) asesores” y avanzar hacia la eliminación de sanciones a los talibanes y la liberación de prisioneros talibanes.
Por su parte, los talibanes se comprometieron a hacer todo lo posible para evitar que organizaciones terroristas usen territorio afgano como base para atacar a Estados Unidos o a sus aliados.
También acordaron no ofrecer cooperación ni apoyo a individuos asociados con organizaciones de esa naturaleza, incluida Al Qaeda, que tenía sus bases en Afganistán durante el gobierno de los talibanes y usó el país para entrenar a los responsables de los ataques del 11 de setiembre del 2001 en Estados Unidos, los cuales se cobraron casi 3.000 víctimas mortales.
Pero los talibanes no aceptaron limitar sus capacidades militares, ni ahora ni en el futuro, como así tampoco reconocer la legitimidad del gobierno actual de Afganistán.
El acuerdo es ambicioso (por decir poco) y se basa en la esperanza de poder resolver todas las cuestiones políticas antes del plazo para la retirada de las tropas estadounidenses (el acuerdo no dice nada en lo referido al llamado a elecciones, el modo de compartir el poder o la redacción de una constitución ni al lugar de la religión y los derechos de las mujeres en la sociedad afgana).
También hay que señalar que, en estos últimos días, el gobierno afgano puso en duda su disposición para liberar a 5.000 prisioneros talibanes. Y, sobre todo, la relativa calma ya fue interrumpida por nuevos ataques armados de esta milicia. Nada de esto es buen presagio para el futuro del acuerdo.
Pero, pase lo que pase, a partir de ahora, es esencial que Estados Unidos firme un pacto separado con el gobierno afgano. Es esencial que ese acuerdo especifique los criterios que deben cumplirse y las condiciones necesarias antes de proceder a la retirada de las tropas estadounidenses. Y es esencial que Estados Unidos prometa dar al gobierno afgano apoyo económico, diplomático, militar y de inteligencia a largo plazo, algo que, lamentablemente, la promesa hecha a los talibanes de retirar del país a todos los asesores hará más difícil.
El acuerdo paralelo servirá de protección contra la posibilidad, muy real, de que las promesas de los talibanes sean meras tácticas para obtener la retirada de las fuerzas estadounidenses, y no la paz o el fin del terrorismo.
Un compromiso con el gobierno afgano también daría a la dirigencia y a la ciudadanía afganas garantías de que no serán abandonados como a los kurdos en Siria, y sería recibido con beneplácito por los amigos y aliados de Estados Unidos en todo el mundo.
Lo ideal sería que Estados Unidos también exija a los talibanes dejar de usar el territorio pakistaní como santuario militar. El problema con esta y otras demandas razonables es que Washington limitó en gran medida su influencia sobre los talibanes al manifestar en forma evidente que desea poner fin a su presencia militar en Afganistán.
Que la calma en Afganistán se recupere, que las conversaciones intraafganas den fruto y un alto el fuego se materialice no es imposible. Sería, claro está, un resultado bienvenido. Pero es más probable que el acuerdo entre Estados Unidos y los talibanes para llevar paz a Afganistán no consiga nada de eso.
En tal caso, sería conveniente que Estados Unidos y los otros miembros de la coalición tengan una estrategia alternativa que proteja sus intereses principales, sobre todo el de garantizar que Afganistán no vuelva a convertirse en un refugio desde donde terroristas puedan planificar y ejecutar ataques contra los países occidentales.
Esa estrategia demandará mantener varios miles de soldados en el país para continuar la creación y el entrenamiento de las fuerzas de seguridad afganas y para la ejecución de misiones antiterroristas selectivas.
Algunos lo considerarán demasiado costoso. Pero, en vista de lo que hay en juego, es un precio que vale la pena pagar. No pondrá fin a la “guerra eterna” que ha sido Afganistán, pero es casi seguro que el acuerdo que acaba de firmarse tampoco logrará ese objetivo.
Richard N. Haass: el presidente del Council on Foreign Relations. Su próximo libro es “The World: A Brief Introduction”.
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