EscucharA finales de 2011, un fallo definitivo de la Sala Primera anuló la concesión a la compañía canadiense Infinito Gold para explotar oro en Crucitas de Cutris, San Carlos. Terminó así, en la jurisdicción local, un alambicado proceso de 12 años. Pereció un doble triunfo: para la legalidad y para el ambiente.
Sobre lo primero, no hubo dudas ni hechos que lamentar. Tan justificada fue la anulación que, en 2024, un multimillonario arbitraje internacional, activado por la empresa, concluyó sin sanción para el Estado. Pero las consecuencias ambientales han sido otras; también, las sociales y de seguridad. Llevamos más de 10 años de acelerado deterioro en las tres. Y no se ha quedado en Crucitas. Según acaba de exponer La Nación, su onda expansiva llega al cerro Conchudita. Desde las márgenes del San Juan salta a Nicaragua, y de allí rebota.
No tiene sentido especular sobre qué habría ocurrido si Infinito Gold u otra empresa hubiera consolidado y explotado la concesión con apego a las normas nacionales. Tampoco lo tiene señalar culpables. Pero sí estamos obligados, como país, a buscar una salida a la multicrisis actual, que no da muestras de ceder.
Las organizaciones delictivas se han impuesto. La tala de árboles, la contaminación de aguas, los contrabandos, la violencia y la trata de personas siguen adelante. La acción policial no ha podido frenarlas, más por falta de recursos que por incapacidad, y porque el deterioro responde a dinámicas socioeconómicas estructurales, que la represión sola no puede encauzar.
Seguir como estamos es insostenible. Se necesita mucho más y mejor. Por esto, cada vez estoy más convencido de que la solución pasa por concesiones privadas asentadas en la legalidad, armoniosas con el ambiente, eficientes en su operación, blindadas contra la corrupción, impulsoras de desarrollo y generadoras de ingresos fiscales.
Un reto sistémico como el actual requiere soluciones que también lo sean; sin ingenuidad y con controles, pero también sin fanatismos o prejuicios. La única cara de la “moneda” que hemos conocido es la del conflicto y el deterioro. Un pragmatismo responsable podría voltearla y mostrar la explotación legal del recurso en el marco del desarrollo sostenible. De lo contrario, seguiremos hundidos en el oro sucio. Y también violento.
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Eduardo Ulibarri es periodista y analista.
