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Más competencia

Muchas normas y regulaciones restringen la rivalidad en el mercado, y eso afecta a la sociedad

Una serie de instituciones públicas fijan los precios basadas en costos y no en productividad, con efectos adversos, principalmente, en quienes perciben bajos ingresos.

En momentos de galopante inflación, es imperdonable no tomar medidas correctivas con vistas a mejorar la eficiencia en el sector público.

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) se limita a analizar los datos dados por cada institución y fija las tarifas en función de modelos preestablecidos, sin incorporar elementos reductores de costos.

Nadie evalúa la eficiencia y competitividad ni la rentabilidad social y económica de cada institución. Tampoco se comparan con empresas que den los mismos servicios en países donde sí se rinde cuentas por cada inversión.

La autonomía de las instituciones asigna la responsabilidad de mejora a cada junta directiva y al cuerpo administrativo. Nadie se atreve a cuestionar la viabilidad.

Las empresas e instituciones públicas que no están en competencia se autoevalúan por ser, en algunos casos, monopolios o tener una posición dominante en el mercado.

La Aresep no tiene autoridad para exigir productividad. Lo grave es que son empresas o instituciones que afectan nuestra competitividad, pues son actoras principales en servicios de energía, agua, saneamiento ambiental, combustibles y transportes. En servicios financieros, telecomunicaciones y seguros, por lo menos hay competencia, y eso les exige mayor eficiencia.

La Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia dotó a la Comisión para la Promoción de las Competencias (Coprocom) y a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) de herramientas modernas para crear un mercado más competitivo.

La Coprocom, en particular, tiene ahora legislación para evaluar las protecciones arancelarias y no arancelarias, los subsidios, las concentraciones, la protección que cobija a los colegios profesionales, la competencia en el mercado de medicamentos, la estructura y concesiones a consorcios de autobuseros y la transparencia en las contrataciones públicas y prácticas de mercado.

En otras palabras, la Coprocom está facultada para analizar el proteccionismo concedido a varios sectores.

La legislación da mayor independencia al órgano superior, crea una unidad técnica independiente de alto nivel, le asigna más recursos, fortalece los mecanismos de evaluación y priorización y promueve procedimientos más ágiles.

También le da herramientas contra la colusión en materia de licitaciones y poder para sancionar. Sus opiniones son vinculantes y se abren nuevas oportunidades de cooperación internacional.

Es preocupante que Costa Rica proteja a unos pocos sectores privados y públicos ineficientes, utilizando el argumento de que el mercado no opera.

Con ese relato se crearon una serie de distorsiones que dificultan saber cuál institución y actividad es competitiva.

Muchos siguen creyendo que el mercado es el reino del interés privado y no un instrumento para potenciar la competitividad y el bien común.

Para defender la competencia es necesario fortalecer con más recursos a la Coprocom, democratizar la economía y acabar con tanto proteccionismo.

Si los políticos, académicos y líderes empresariales y laborales dedicaran más tiempo a corregir las graves ineficiencias que tiene nuestro mercado, las ganancias serían infinitas.

El mercado es globalizado, y a cada empresa le corresponde competir contra muchos países donde no hay tantas barreras y costos burocráticos para producir.

La poca preparación para la rivalidad expulsa a los menos aptos de la competencia.

Es necesario medir la productividad para que los consumidores sean los beneficiados. Solo si hay rivalidad y se eliminan las muchas barreras existentes, lograremos una participación más justa y sostenible.

Hay que simplificar las reglas para que cada vez haya más jugadores en el mercado. Debemos erradicar la mentalidad reguladora enfermiza.

Los nuevos empresarios deben poseer la capacidad de ingresar en el mercado con reglas sencillas y transparentes. Tenemos que acabar con el exceso de trámites. No deben existir las asimetrías.

Hay que dinamizar la economía y proteger a los consumidores y a los nuevos empresarios. La libre competencia, con reglas iguales y transparentes, es la única forma de bajar los precios e incrementar la competitividad.

Como dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “el incremento en la competencia mejora el desempeño económico, abre oportunidades comerciales para los ciudadanos y reduce los costos de servicios en toda la economía”.

jorge.woodbridge@icloud.com

El autor es ingeniero.

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