Añadió la casi total inactividad de la Dirección de Cambio Climático del Minae, la falta de compromiso para impulsar acciones en la materia y la pérdida de rumbo, en política pública, sobre la vinculación entre ambiente y desarrollo.
Don Manuel tiene razón. Y a sus sólidos argumentos podemos añadir, entre otros, la apuesta disfrazada a la pesca de arrastre, el fallido intento por incluir especies de fauna silvestre en una lista de explotación comercial, la hostilidad hacia los criterios técnicos para gestionar áreas de conservación, las represalias contra funcionarios que los han impulsado, los ojos cerrados ante la explotación forestal en sectores de Gandoca-Manzanillo y el incumplimiento en la orden de recuperar humedales.
Apuntemos, además, los problemas en el suministro de agua, la creciente quema de hidrocarburos en transporte y generación eléctrica, y el alejamiento, en apariencia irreversible, de los compromisos nacionales sobre descarbonización.
Todo esto vulnera el bienestar inmediato y, sobre todo, a mediano y largo plazo. Además, debilita el músculo de nuestra política exterior, basado en el “poder blando” (soft power) que emana armonizar lo que practicamos y pregonamos sobre democracia, ambiente, derechos humanos, paz y Estado de derecho. La distancia entre hacer y decir se ha venido ensanchando en todos estos ámbitos durante la actual administración. El ambiental está entre los más notorios.
Lo que aún mantenemos de liderazgo es, sobre todo, por inercia, y no nos hemos preocupado por potenciarla en las cumbres recientes sobre biodiversidad y cambio climático. Grave ejemplo: en la COP28, el año pasado, declinamos firmar un manifiesto de la Alianza Más Allá del Petróleo y el Gas (BOGA, por sus siglas en inglés) de la que fuimos fundadores.
El perjuicio que genera todo lo anterior es múltiple. Pero las prioridades andan por otro lado.
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X (anteriormente, Twitter): @eduardoulibarr1
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