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La prevención integral, que incorpora lo biológico, lo psicológico y lo social, ligado al papel de la familia y el entorno educativo, el de salud y el de protección, se inicia en la infancia y se consolida en la adolescencia, etapa en la que se da la adquisición de hábitos, sean estos saludables o no. Luego, en la misma adolescencia y en la vida adulta, se manifiesta el impacto de lo que se deja o no de hacer.
Particularmente en salud, la promoción y prevención habían sido ejes centrales de todas las intervenciones. Sin embargo, en el siglo XXI, inconcebiblemente, se ha dado un progresivo debilitamiento de estas, al punto de que las patologías que más nos impactan como costarricenses son problemas potencialmente prevenibles.
Enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas y enfermedades mentales, son las cinco principales enfermedades no transmisibles (ENT) que ocasionan el 80% de las muertes en nuestro país y que están directamente asociadas al consumo de tabaco, al abuso de alcohol y otras drogas, a la inactividad física, a la ingestión de comida chatarra que implica un alto consumo de azúcar, sal, grasas saturadas y ácidos grasos trans, y a su consecuencia que es el sobrepeso y la obesidad.
En Costa Rica, se dan 22 muertes diarias prematuras que, de acuerdo con nuestra expectativa de vida, son las que ocurren entre los 30 a 69 años y que son producto de las ENT.
Asociado a lo anterior, en la actualidad, el 32% de personas menores de 12 años, el 36% de adolescentes y el 70% población mayor 22 años tiene sobrepeso u obesidad. Se prevé que en el 2060, un 94% de la población general tendrá obesidad y sobrepeso.
Además, uno de cada cinco adolescentes son prediabéticos, lo mismo que uno de cada cuatro con edades entre 19 y 35 años. En general, de la población mayor de 19 años, un 14,8% es diabética tipo 2, el 30% es hipertensa y tres de cada 10 hipertensos son diabéticos concomitantemente.
El panorama se puede comprender mejor con información que el doctor Wilman Rojas, director de la populosa Región Central Norte de la CCSS, expuso en una presentación en la Academia Nacional de Medicina, cuyo resumen es que el 50% de los pacientes de entre 20 y 64 años con enfermedades no transmisibles (ENT) no son atendidos en el primer nivel y solo el 50% tienen un control óptimo, lo que se acentúa por la brecha de recurso humano y servicios de apoyo como laboratorio o farmacia. Además, no existe un plan país de autocuidado.
Como resultado, la carga de enfermedad de los pacientes que no son adecuadamente atendidos en el primer nivel repercute en los hospitales, en los que se producen plétoras por los numerosos internamientos.
Pero, más allá de lo exclusivamente sanitario, se dan otras condiciones que están atentando contra la posibilidad de contar con una salud biopsicosocial óptima.
Una de estas se da en el campo de la educación, donde se dejó de pensar en un sistema basado en el concepto de “comunidad estudiantil” en escuelas y colegios. Esto implicaba que padres y madres, docentes y personal de apoyo y administrativo, junto con la comunidad, se sentían responsables de los niños y adolescentes que asistían a clases.
De manera progresiva, el concepto de solidaridad e igualdad empezó a trastocarse en un lenguaje economicista. La competencia se afincó como eje central y ya los estudiantes no tenían a la par un compañero de viaje, sino a un potencial competidor que había que aniquilar.
No son de extrañar las conocidas cifras de expulsión escolar, ya que, si ser buen estudiante es tener buenas notas, no todos pueden cumplir este requisito por múltiples razones. Sin embargo, si en el sistema educativo se ofrecen y fomentan, a la par de lo académico, otras oportunidades para desarrollarse e incluso destacar, como son el teatro, la música, la pintura, el deporte, voluntariado, emprendedurismo o participación social, se estaría efectivamente previniendo la exclusión.
A esto se suma las desventajas reales de los estudiantes en secundaria pública, ampliadas por los rezagos estructurales, el “apagón educativo” durante la pandemia y la pésima gestión educativa entre los años 2022 y 2025.
En protección integral, a pesar del creciente deterioro social, sistemáticamente se le han venido disminuyendo los recursos al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), y en este momento vemos el resultado: un debilitamiento del sistema nacional de protección que lidera esta institución.
En empleo juvenil, la cantidad de las personas fuera de la fuerza de trabajo ascendió a un 65%, el más alto de la última década y esto no se relaciona a que haya más jóvenes en las aulas, sino que están constituyendo un grupo que no trabaja, no estudia ni recibe ningún tipo de capacitación, los mal llamados “ninis”. Costa Rica es el tercer país de la OCDE con el mayor número de jóvenes en esta situación.
Como consecuencia de todo lo anterior, no sorprenden las cifras que reportó la CCSS en 2024, en relación con la salud mental. Los trastornos mentales aumentaron un 50% en los últimos cinco años y representan 853.381 atenciones en consulta externa, 139.950 en Emergencias y 6.029 hospitalizaciones.
Los principales motivos de atención son trastornos depresivos, ansiedad, y los asociados a consumo de alcohol y a sustancias psicoactivas, particularmente marihuana y cocaína. En general, las mujeres consultan más por estas razones. Las edades en las que se ha dado el mayor aumento de estos trastornos es el de las personas de 15 a 19 años y de 20 a 44 años.
En el mismo sentido, la violencia es otro elemento que refleja el deterioro social y, de nuevo, son los jóvenes los más impactados. Es así como los delitos contra la vida cometidos por personas menores de edad pasaron de 496 en 2019 a 1.004 en 2023 (incremento de 102%) y el perfil de los sicarios es: personas de entre 18 a 24 años, que no han completado secundaria (y a veces ni siquiera primaria) y que tienen dos años promedio de sobrevida.
Adicionalmente, en los años 2023 y 2024, entre las personas de 10 a 30 años, fallecieron en accidentes de tránsito un promedio de 36%; por suicidios, 35%, y por homicidios, 48% del total de muertes.
La conclusión es que la falta de conocimiento, de compasión y empatía hacia los adolescentes y jóvenes se traduce en indolencia y abandono, cuya consecuencia real es la violación flagrante de los derechos de esta población en salud, educación, protección y en la posibilidad de contar con un empleo digno.
La meta de cualquier sociedad inclusiva, equitativa y justa en sus oportunidades es que sus niños, adolescentes y jóvenes estén sanos y a salvo. Sin embargo, los datos no mienten y, como país, nos hemos alejado significativamente de este ideal. ¿No deberían los candidatos y candidatas presidenciales y a diputaciones estar proponiendo soluciones ante la distópica realidad de nuestros adolescentes y jóvenes, que ya nos supera?
morabecr@gmail.com
Alberto Morales Bejarano es pediatra; fue fundador de la Clínica del Adolescente del Hospital Nacional de Niños y su director durante 30 años.
