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El 29 de mayo pasado, los obispos de El Salvador presentaron la carta pastoral “Una voz que con esperanza clama en el desierto”, en la que exigen justicia social y unidad nacional.
La Conferencia Episcopal empieza mirando la historia del país, a la que caracteriza como dominada por “estructuras arcaicas (…) donde los señores hacendados no solo detentaban el mando de aquel gran latifundio, sino también el poder económico”.
Señala cómo este poder “(…) no fue usado en beneficio de los más necesitados aun cuando surgieron nuevas estructuras por la naciente industrialización. La riqueza se concentró aún más en pocas manos y se abrió una brecha que hasta el presente no ha podido subsanar ningún gobierno”.
El documento contiene propuestas concretas que traen una esperanza de mejora para la compleja situación salvadoreña.
Los prelados alzan su voz pidiendo “una transformación profunda y previsora que beneficie a las grandes mayorías” y suscriben el llamado del papa Pablo VI cuando postuló que el desarrollo es el nuevo nombre de la paz.
Este mensaje pide la derogación del estado de excepción decretado hace tres años por Nayib Bukele. Esto, pese a que los firmantes reconocen un éxito inicial de la iniciativa para frenar la violencia, originada en una estructura social injusta, pues es evidente que: “(...) la pobreza y la falta de oportunidades conducen a la ignorancia, la violencia, el odio de clases y la criminalización”.
En su misiva, los obispos exhortan a las autoridades estatales a no perseguir ni encarcelar a los defensores de los derechos humanos ni a promocionar el país como una “gran cárcel internacional”.
Con particular vigor, señalan que la “migración es un derecho humano”, y que “(…) los migrantes no son delincuentes ni criminales. Son personas que buscan mejores oportunidades de vida”.
Igualmente, llaman a desarrollar una política familiar que restaure el tejido social afectado seriamente por la violencia.
Insisten los mitrados en que la educación debe ser una prioridad nacional, pues ven en esta un pilar para el desarrollo nacional. Además, advierten sobre el riesgo de rezagos educativos frente a los retos de la revolución digital.
Los religiosos claman por un nuevo énfasis en la inversión en salud y lamentan la desigualdad en el acceso a los servicios médicos.
En consonancia con la encíclica Laudato Dei, hacen un llamado para proteger la “casa común” y proponen la reforestación, la recuperación de los ríos y la derogación de la ley que promociona la minería metálica.
El desarrollo agrícola es una más de sus preocupaciones. Centran sus demandas en el aumento del salario mínimo rural y en subsidios para los pequeños productores y para la canasta básica. Igualmente, piden una ley de seguridad alimentaria.
La palabra de los prelados adquiere una proyección más amplia cuando asumen la promoción de los pobres, los desempleados, los migrantes, los vulnerables y los desplazados, manifestando gran preocupación por la alta tasa de desempleo.
Esta carta pastoral es una reflexión profunda sobre la realidad salvadoreña y persigue edificar una sociedad más justa, digna y solidaria.
El Salvador enfrenta el reto de iniciar una nueva etapa política y social que le permita dejar el régimen dictatorial actual. Un punto de partida es el reconocimiento de que la historia de dominio oligárquico y militar no debe repetirse, pues detrás de ese horizonte siempre asoman sus fauces terríficas la represión, la injusticia social y, en última instancia, la guerra entre clases.
Los obispos han comprendido este desafío y lanzan un llamado a los gobernantes para que rectifiquen y procuren el bien común con un lenguaje propositivo, respetuoso e inclusivo, en el que prime el bien de la sociedad sobre el bien particular.
Detrás de esta carta está el lúcido reconocimiento de que no es con represión como se logra el desarrollo, sino con democracia, libertades públicas, justicia social y diálogo.
El nuevo papa transmitió su mensaje de esperanza cuando dijo, en su misa de inicio del pontificado, ”(…) en nuestro tiempo, vemos aún demasiada discordia, demasiadas heridas causadas por el odio, la violencia, los prejuicios; por un paradigma económico que explota los recursos de la tierra y margina a los más pobres”.
La solución al problema salvadoreño va más allá de la seguridad y de las cárceles e incluye el desarrollo, que sigue siendo el nombre de la paz.
curcuyo@gmail.com
Constantino Urcuyo es abogado y politólogo con un doctorado en Sociología Política de la Universidad de París.
