La reducción de la pobreza entre 2023 y 2024, en cambio, no surgió de ese tipo de dinámica. El análisis del Estado de la Nación, basado en datos del INEC, muestra que el patrón fue distinto. Las mejoras en el mercado laboral explicaron el 35% de la reducción, pero una parte importante provino de empleo informal o precario. El 25% se debió a la disminución en el número de miembros por hogar, lo cual eleva el ingreso per cápita sin cambiar la capacidad real del hogar para generar ingresos. Un 20% provino de transferencias no monetarias y ayudas de terceros, cuya naturaleza y origen no son identificables. El 10% se explicó por aumentos en ingresos por jubilaciones y pensiones nacionales. En esa descomposición, las transferencias estatales no aportaron a la reducción de la pobreza. A nivel nacional, el efecto fue nulo; en zona rural sí tuvieron un aporte positivo, pero modesto (6%). Este resultado no debe confundirse con el aporte histórico de la política social. Si en el 2024 no hubiesen existido las transferencias del Estado, la pobreza habría sido cercana al 21% y no al 18%. Pero ese es el efecto de las transferencias en un año dado, no la explicación del cambio entre un año y otro. Los datos muestran que ese aporte no aumentó entre el 2023 y el 2024; en varios hogares, incluso, disminuyó.
Es una excelente noticia que hoy cientos de miles de hogares ya no se encuentren en pobreza, pero la evidencia es clara: la reducción en el 2024 no se originó en crecimiento económico sólido que beneficiara a las mayorías, ni en empleo formal, ni en una expansión de la política social. Surgió de factores frágiles y heterogéneos: ingresos informales, cambios demográficos y ayudas no registradas. Asociar esta caída a una mejora estructural sería incorrecto.
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Andrés Fernández Arauz es economista.
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