Pero no, la “ruta” es otra, parte de un estilo sistemático de gobierno: el de un frenético e incesante reality show, aderezado con apropiarse de éxitos ajenos y culpar a otros por falencias propias. En este guion calzan desde el “se matan entre ellos” hasta el “no me juzguen” por lo ocurrido en 2022; desde el plan “Costa Rica Segura” (descartado) hasta el “Costa Rica Segura Plus” (desdeñado); desde lamentarse por falta de leyes en la materia hasta calificar de “hablada” negociar sobre ellas; y desde culpar a los diputados por no aprobarlas hasta retirar proyectos fundamentales de la corriente legislativa.
Incorporemos al cuadro tres elementos más, todos del resorte del Ejecutivo: 1) el deterioro en la inversión y gestión social, indispensables para la prevención; 2) la reticencia a girar más recursos a la Fuerza Pública y el OIJ, que lidian día a día con los retos de la contención, persecución e investigación; 3) la imprevisión y deficiente manejo del sistema penitenciario y de adaptación social. Y sumemos que la Asamblea Legislativa ha sido diligente en aprobar legislación fundamental en la materia, en sintonía con las necesidades de Seguridad Pública, la Corte y sus dependencias.
¿Conclusión?: si bien la inseguridad es un problema complejo con causas múltiples, los que menos se han preocupado por contenerla con responsabilidad y eficacia son quienes, en Zapote y sus terminales nerviosas, están más en la tarea de agitar que de gobernar. Por esto, la ausencia de Chaves y ministros clave en la reunión entre poderes convocada por el presidente legislativo, Rodrigo Arias, y realizada el miércoles, para definir prioridades y acciones, no sorprende.
Calza perfectamente con su estrategia de crear giros y ruidos, mientras siguen –y aumentan— las bandas, los sicarios, los homicidios y la inseguridad general. Su gran víctima: la población vulnerable.
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