La opinión no es vinculante y sus argumentos quizá tarden en decantarse. Sin embargo, establece un precedente jurídico trascendental, al que acudir ante futuros casos contenciosos, sea en tribunales locales, regionales o la propia CIJ.
Tanto su contenido como el proceso para llegar a él contienen también un mensaje de enorme importancia, del que Costa Rica ha sido protagonista en otras ocasiones: los países pequeños, con buenas razones, insistencia, creatividad y alianzas, somos capaces de “mover la aguja” global en ciertos ámbitos.
Fue Vanuatu, un minúsculo Estado insular del Pacífico, que no supera los 250.000 habitantes, el que inició, hace más de una década, la cruzada por la opinión consultiva. Yo era entonces embajador de Costa Rica en la ONU, y recuerdo la mezcla de solidaridad y escepticismo con que la acogí. A ella se sumaron pronto varios países, generalmente reducidos y con riesgos climáticos de vida o muerte. El primer gran éxito, preludio del definitivo, fue una resolución aprobada en el 2023 por su Asamblea General, para solicitar la opinión a la Corte.
Dos años antes, con el liderazgo de nuestro país, su Consejo de Derechos Humanos incorporó a su ámbito el derecho a un ambiente “limpio, saludable y sostenible”. Entre los precedentes citados a raíz de la opinión consultiva de la CIJ está su sentencia del 2 de febrero del 2018, que, además de reafirmar nuestra soberanía frente a Nicaragua, obligó a su gobierno a una indemnización de $378.890 por los daños ambientales causados al ocupar una parte de nuestra isla Calero.
Moraleja clave: el derecho internacional, parte del multilateralismo, no es una abstracción arcana, sino una herramienta clave para fortalecer aspiraciones e intereses nacionales.
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Eduardo Ulibarri es periodista y analista.
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