Quisiera iniciar esta columna dirigiéndome a usted, estimado lector, para preguntarle si ha prestado atención a lo que está ocurriendo en el Congreso con la elección de magistrados suplentes de la Sala IV.
Me encantaría conocer si usted sabe que el tribunal constitucional corre el riesgo de un cierre técnico porque el oficialismo mantiene boicoteado un proceso clave para garantizar su funcionamiento.
No sé si usted ha pensado qué pasaría si la Sala deja de sesionar por tiempo indefinido. ¿Quién defendería los derechos de los ciudadanos ante incumplimientos o abusos del poder público y privado?
Desearía consultarle si a usted le genera preocupación el hecho de que se pudiera paralizar el trámite de miles de recursos amparo, habeas corpus y acciones de inconstitucionalidad.
¿Ha analizado adónde podrán acudir, por ejemplo, tantos pacientes de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que requieren con urgencia un medicamento, un examen y una cirugía?
Respetando lo que pudiera decirme, déjeme explicarle por qué considero importantísimo que usted, su familia, sus amigos, sus compañeros y hasta sus vecinos tengan claro qué está pasando.
Le cuento, estimado lector, que cada vez estoy más convencido de que la eventual paralización de la Sala IV sería parte de una estrategia para torcer las manijas de nuestro Estado de derecho.
Propiciar un escenario extremo podría ser aprovechado para atizar la campaña de desprestigio contra el Poder Judicial y echarle la culpa por la indefensión en que quedarían los costarricenses.
También podría ser utilizado como una herramienta de presión para exigir cuotas o incluso imponer nombres en futuras nóminas de candidatos a magistrados titulares y suplentes.
Colocar fichas leales en órganos judiciales clave resultaría muy útil para reducir la resistencia a reformas controvertidas, incidir en nombramientos de autoridades y frenar procesos incómodos.
De hecho, la falta de suplentes en la Sala IV impide hoy a la Corte Plena ver una acusación contra el expresidente Rodrigo Chaves por una supuesta estructura paralela de financiamiento electoral.
Finalmente, la situación brinda al gobierno una excusa perfecta en caso de que sus proyectos pudieran quedar congelados si la oposición decidiera enviarlos a consulta a una Sala IV inmovilizada.
Esta es, estimado lector, una aproximación muy básica a la cara oculta de la elección de magistrados suplentes. A la sombra podría haber más factores en juego; por eso, hay que estar muy atentos.
