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Costa Rica va a las urnas hoy, 1.° de febrero, para elegir un nuevo presidente y una nueva Asamblea Legislativa.
La candidata Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano y fiel adepta del presidente Rodrigo Chaves, se coloca muy arriba, a la cabeza de las encuestas, frente a una oposición diezmada. El partido oficialista, además, ha hecho una fuerte campaña para obtener “40 diputados” de un total de 57, los suficientes para poder hacerle reformas la Constitución Política y barrer con el viejo modelo democrático del país. Que es la propuesta central de Chaves.
En el siglo pasado, Costa Rica era llamada la Suiza centroamericana. Los demás países de la región eran las repúblicas bananeras, sometidas a dictaduras abyectas y crueles.
En San José, los presidentes andaban a pie, sin guardaespaldas, de modo que a don Otilio Ulate lo atropelló una bicicleta mientras cruzaba la calle, y fue a dar al hospital junto con el ciclista, tan magullado como él. Entretanto, en Managua, el viejo Somoza metía a los presos políticos en jaulas lindantes con las de los tigres de su zoológico del palacio presidencial.
La Costa Rica del siglo XX fue el resultado de la suma de reformas de dos antagonistas: el presidente Calderón Guardia, socialcristiano, que creó el Código del Trabajo y la seguridad social, y el presidente Figueres, socialdemócrata, caudillo de la revolución democrática de 1948, que, en lugar de abolir esas conquistas, sumó a ellas la abolición del ejército y la nacionalización de la banca y los seguros.
Y, desde entonces, el sagrado respeto al voto popular, la alternancia en el gobierno bajo un sistema bipartidista –compuesto por los herederos tanto de Calderón Guardia como de Figueres– y la no menos sagrada separación de poderes; más el gasto público concentrado en la educación y la salud, una clase media creciente, y una distribución más o menos equilibrada del ingreso, sin extrema pobreza, además de un alto índice de seguridad ciudadana.
Tantas décadas después, el país ha cambiado radicalmente, y ha cambiado la gente. La brecha de la desigualdad social se ha abierto, el índice de homicidios se ha disparado, y proliferan los carteles de la droga.
El sistema bipartidista se quebró hace tiempo, y el actual presidente Chaves cimenta su alta popularidad en atacar al sistema democrático como ineficaz y corrupto, a “las élites”, que solo sirven para ponerle obstáculos y “no lo dejan trabajar”. Jueces, magistrados, fiscales, contralores... todos son puestos en la picota como responsables de amparar “la dictadura del crimen organizado”.
Es aquí donde entra en escena el presidente Nayib Bukele, de El Salvador. Dos semanas antes de las elecciones, llegó a Costa Rica para inaugurar, junto con el presidente Chaves, las obras de construcción de una cárcel, supuestamente similar al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), un penal para 40.000 prisioneros famoso en todo el mundo y objeto de turismo oficial guiado, que el propio mandatario tico visitó en diciembre pasado, en busca de inspiración.
Su candidata, Laura Fernández, ya ha anunciado que nombrará a Chaves “ministro de la Presidencia y coordinador de la continuidad de todas las reformas pendientes y necesarias”. Con una mayoría en la Asamblea Legislativa como la que insistentemente han buscado, esas reformas serán posibles, y su finalidad, sin duda, es concentrar poder en manos de Chaves.
¿Pero puede funcionar en Costa Rica el modelo Bukele?El modelo Bukele, que propone la seguridad ciudadana por sobre cualquier otra consideración, empezando por los derechos humanos, se basa en el control total del Estado: jueces, fiscales, diputados, ejército, policía. Y, mientras tanto, impera un estado de guerra interna permanente, con suspensión de los derechos constitucionales, y, por tanto, los juicios se dan sin ninguna garantía procesal. Un simple tatuaje es prueba suficiente para ser condenado como miembro de una pandilla delictiva.
Pero, en El Salvador, los regímenes dictatoriales han sido permanentes, y los gobiernos democráticos, la excepción. En Costa Rica, por el contrario, la única dictadura que el país ha conocido se remonta a 1917-1919, cuando gobernaron los hermanos Tinoco. La regla ha sido la democracia, con un complejo entramado de instituciones que actúan con la independencia que les da la Constitución.
El Organismo de Investigación Judiciales (OIJ), por ejemplo, que investiga los delitos y recaba las pruebas, depende de la Corte Suprema de Justicia, y no del gobierno.
Para que, en Costa Rica, una megacárcel pueda funcionar como en El Salvador, sin que se sepa quién entra en ella y por qué, se necesita prescindir del sistema judicial, y que el país viva bajo un decreto de excepción, con las garantías constitucionales suspendidas, y con los medios de comunicación bajo persecución y acoso.
“El miedo debe cambiar de lado… Dios mediante, lo lograremos”, alega el presidente Chaves. ¿Podrá el alegato contra el miedo obrar semejante cambio? Y ¿es de verdad, que los ciudadanos estarán consintiendo, con su voto, la bukelización de Costa Rica?
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Sergio Ramírez es novelista, cuentista, ensayista, periodista, político y abogado. Recibió el Premio Carlos Fuentes en 2014 y el Premio Cervantes en 2017. Es fundador del encuentro literario Centroamérica Cuenta.
