EscucharEl manejo político que se hace de la Junta de Protección Social (JPS) asusta, porque no solo hay intromisión directa del presidente de la República, Rodrigo Chaves, en el manejo de la estrategia publicitaria, sino también sumisión de la Junta Directiva y altos mandos a las “instrucciones”, aunque atropellen criterios técnicos internos.
La Junta Directiva, como máximo órgano de decisión, resulta inútil, está pintada en la pared. Lo comprueba lo ocurrido en la sesión en la cual, a sabiendas de que la orden del mandatario de pasar el programa La rueda de la fortuna de Canal 7 a Canal 13 era “ilógica y totalmente incoherente”, como lo citó en las actas la directora Olga Camacho, la aprobaron por unanimidad.
Este acto de irresponsable obediencia es vergonzoso, pues de quienes conforman la cúpula de una institución de bien social se esperan decisiones pensadas, independientes, apolíticas, sustentadas en criterios técnicos y comprometidas con la misión de la JPS, no la de un político de turno.
Es imposible que a cada director no le pasara por la mente, con su dócil acatamiento, que una intención de Chaves es “destruir” a Canal 7, tal como lo delató un video de campaña. Serían muy inocentes de no haber vinculado la “instrucción” con la venganza prometida.
Igualmente, preocupa que, por falta de carácter, la Junta Directiva tomara una decisión que podría reducir los ingresos de fundaciones y asociaciones de cuidados paliativos, o del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), los cuales reciben un 50 % cada uno de las utilidades netas de las raspaditas.
Lamentablemente, la transparencia no parece ser la regla en la JPS. En la comparecencia ante la comisión de diputados que investigan contrataciones con el Sinart, quedó demostrado que, al menos por ahora, no hay un acta que registre la justificación de cada director para apartarse del criterio técnico que advirtió sobre las desventajas del sometimiento a Chaves.
Estas penosas decisiones deben llevar a los directores de la JPS y a sus funcionarios a comprometerse con su deber de hacer juegos de lotería para el bien social, no a jugar a la lotería con la institución, y mucho menos instrumentalizarla para venganzas.
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El autor es jefe de Redacción de La Nación
