Columnistas

Inversión en plena crisis

Ojalá haya tiempo para reconsiderar el tren sin distorsiones de la política electoral

Hablar de exoneraciones en una crisis fiscal es un contrasentido apenas aparente si el resultado final es un beneficio mayor. El proyecto de ley para extender y profundizar el trato preferente a los vehículos eléctricos es un buen ejemplo.

La iniciativa promovida por los liberacionistas Roberto Thompson y Paola Valladares afecta los ingresos fiscales, pero responde a la amenaza existencial planteada por el calentamiento global y aprovecha las fuentes de energía limpias y autóctonas. La relación entre el costo y el beneficio es obviamente favorable.

Por las mismas razones, es difícil comprender a quienes objetan la construcción del tren eléctrico alegando la difícil coyuntura fiscal. El transporte colectivo limpio no es un lujo y el gasto para desarrollarlo no es superfluo. Ofrece réditos documentados por académicos del Incae y tiene ventajas ambientales tan importantes como las de los autos eléctricos.

Los vehículos particulares, no importa su fuente energética, necesitan carreteras. Los embotellamientos y sus efectos sobre la calidad de vida y la productividad no cesarán cuando abandonemos los motores de combustión. Hacen falta más carreteras, más amplias, y construirlas será cada vez más caro. Es un gasto necesario, aun en tiempos de crisis. Por algo la regla fiscal exceptúa la inversión en obra pública de los límites al endeudamiento posible cuando las obligaciones nacionales superen el 60 % del PIB. La otra excepción es el cambio de deuda cara por obligaciones más baratas.

La inversión en el tren eléctrico no es diferente, salvo por la tasa excepcionalmente baja de los empréstitos concedidos en atención a los beneficios ambientales, económicos y sociales. Esas virtudes le valieron el respaldo del Fondo Verde del Clima de las Naciones Unidas y el Banco Centroamericano de Integración Económica.

El tren, como en casi todas partes del mundo, exigirá un subsidio estatal para las tarifas. Esa realidad también se ha constituido en objeción. Las ganancias están en otra parte, como señalan los estudios del Incae, pero, para seguir con el símil, es preciso recordar el gasto en mantenimiento de vías. ¿No es ese un subsidio al transporte más ineficiente y contaminante, por lo menos mientras logremos la transición hacia los vehículos eléctricos? La crisis fiscal exige estricto control del gasto, pero también inversiones rentables. Ojalá haya tiempo para reconsiderar el tren sin distorsiones de la política electoral.

agonzalez@nacion.com

Armando González R.

Armando González R.

Laboró en la revista Rumbo, La Nación y Al Día, del cual fue director cinco años. Regresó a La Nación en el 2002 para ocupar la jefatura de redacción. En el 2014 asumió la Edición General de GN Medios y la Dirección de La Nación. Abogado de la Universidad de Costa Rica y Máster en Periodismo por la Universidad de Columbia, en Nueva York.