El orden constitucional democrático y liberal, origen de nuestras leyes e instituciones, no es optativo para los ciudadanos; menos los gobernantes. Por tanto, estos tienen el deber de jugar bien dentro de las reglas existentes, no usarlas para excusar las falencias propias o —peor— desprestigiarlas sistemáticamente.
Identifico algunas razones objetivas que en parte explican esa dinámica. 1) La falta de un partido y equipo de gobierno decantado ha privado al Ejecutivo de una visión integral sobre el país y su rumbo, y de anclajes consecuentes para impulsarla. 2) La impericia e inexperiencia en la función pública de sus más altos cargos acentúa el problema. Solo tres ministros han ocupado puestos políticos de relevancia: Natalia Díaz y Yorleny León (diputadas), y Mario Zamora (extitular de Seguridad). Entre los diputados oficialistas, tal vacío es total. 3) La pequeñez y dinámica interna de la fracción complica más las cosas.
Falta de equipo, impericia, inexperiencia y debilidad política podrían atemperarse si existieran voluntad e iniciativas de apertura, diálogo y respeto, tanto al marco institucional como a las personas a su cargo. Son las variables subjetivas esenciales. Sin embargo, ocurre lo contrario.
Por ejemplo, en lugar de construir sobre instancias en marcha (tren metropolitano, Ciudad Gobierno, Cinde o Fundación Omar Dengo), el gobierno optó por borrones y cuentas nuevas improvisados. En lugar de fijar metas para emprender negociaciones legislativas sustantivas, ha preferido el choque y el reclamo. En lugar de abrir el camino para reformas institucionales apegadas a procesos constitucionales, ha acudido al ataque vacío.
Resultado: una mezcla de parálisis en varios ámbitos y crispación en todos; un saldo riesgoso que a todos perjudica.
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El autor es periodista y analista.