Columnistas

Flexibilidad en el gasto público

Decenas de leyes obsoletas obligan a transferir recursos a instituciones fuera de época

El presupuesto del 2022 es todavía muy inflexible y complicado. Debido a la estructura y el monto de los destinos específicos, limita la capacidad del gobierno y el Congreso para asignar recursos a las prioridades impuestas en la coyuntura actual.

La pandemia aún no acaba y la crisis fiscal afectó seriamente las finanzas públicas y el empleo, acrecentó la desigualdad social y el estado de la educación es preocupante.

La crisis de los contenedores, los problemas de logística y la guerra de Rusia contra Ucrania impulsaron el alza en los precios de combustibles, metales, fertilizantes y alimentos.

El resultado de esos tres factores es una preocupante inflación que golpea a las poblaciones más vulnerables en momentos en que el país no tiene holgura fiscal para combatirla.

Frente a esta preocupante realidad, el país debe esforzarse por conseguir mayor libertad para asignar los escasos recursos con vistas a mitigar las repercusiones de esos y otros acontecimientos en desarrollo.

Una serie de obligaciones presupuestarias no tienen fuente de ingresos, o los cambios del entorno económico derivó en una dramáticamente caída que las tornan insostenibles.

Son obligaciones establecidas por mandato constitucional, y desde su origen no se contemplaron situaciones complejas como las que vivimos.

Este año, los recursos comprometidos representan ¢4,2 billones (un 10,67% del PIB). Las transferencias de capital alcanzan los ¢283.000 millones, lo que significa el 2,1% del gasto total, con un decrecimiento de ¢43.000 millones con respecto al 2021.

Las obligaciones constitucionales llegan al 74,9% (¢3,2 billones) y las partidas asignadas debidas a diferentes leyes significan el 25,1% (¢1 billón).

Para el 2022, se asignaron ¢852.000 millones de los gastos por transferencias a las pensiones, una reducción de ¢12.885 millones con respecto al 2021 en razón de un menor presupuesto para las pensiones del magisterio, Hacienda y Poder Judicial.

Otro rubro cuantioso va a la Caja Costarricense de Seguro Social, ¢688.000 millones, y al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), ¢572.623 millones (un 1,4% del PIB), cuyo incremento nominal es de ¢36.600 millones en relación con lo asignado en el 2021.

Al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), si bien se le recortaron ¢19.000 millones, le corresponden ¢182.000 millones.

Un paso significativo hacia una mayor flexibilidad en el gasto público fue la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas porque incorporó cambios de gran calado en el manejo de los destinos específicos ligados a la recaudación del impuesto sobre la renta y otros, tales como el solidario, sobre personas jurídicas, vehículos, transferencia de inmuebles, consumo de bebidas alcohólicas, combustibles, cemento, vida silvestre, tabaco, casinos, espectáculos públicos, derechos consulares, explotación del banano, exportaciones por vía terrestre, salidas aéreas, papel sellado, registro naval, multas de tránsito, propiedad intelectual y decenas más.

Destinos que en muchos casos resulta oneroso recaudarlos y no se traducen en beneficios para las instituciones.

La falta de medición y la inexistencia de plazos impide a la administración pública evaluar la productividad y la sostenibilidad de estos recursos.

El gobierno, a causa de su compleja y atomizada estructura, no ha tenido la capacidad ni la voluntad de revisar a conciencia cada programa.

Son tantos programas que una medición periódica de resultados para sopesar la pertinencia, productividad, eficacia, calidad y rentabilidad social es una labor compleja.

¿Cumplirán un papel estratégico cada uno de los recursos asignados? ¿Han cambiado las necesidades del país en la última década? ¿Se justifica la existencia y asignación de recursos casi en forma automática? ¿Quién es, en tal maraña de instituciones, el encargado de constatar resultados en forma transparente y objetiva?

Costa Rica no es la misma desde hace décadas y en el transcurso de la pandemia se aceleró la digitalización. Los tiempos modernos demandan simplificar la vida a los costarricenses y las empresas.

Voy a citar unos cuantos ejemplos. Resulta ilógica, en ciertos casos, la compra de estampillas para un pagaré o contrato. En esta época, la gran mayoría de las transacciones, operaciones y otras acciones deberían poder efectuarse utilizando un teléfono o una computadora.

Decenas de recursos, o “destinos específicos”, van a dar a instituciones que no desempeñan ningún papel en un mundo tan cambiante y dinámico.

La Sala Constitucional es clara en que deben cumplirse los mandatos de la carta magna, aunque la situación socioeconómica haya cambiado.

De hecho, los legisladores son quienes han creado las reglas tan rígidas para el manejo de las finanzas públicas. La rigidez presupuestaria contraviene el principio de flexibilidad.

El nuevo gobierno tendrá la oportunidad de aplicar la regla fiscal contenida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que limita el crecimiento cuando la deuda del Gobierno supere el 50% del PIB.

El Ministerio de Hacienda podrá revisar los montos de los destinos y girarlos de acuerdo con la disponibilidad de ingresos corrientes, la ejecución de los presupuestos y el superávit libre.

El artículo 23 de esa ley faculta al Poder Ejecutivo para asignar presupuestos específicos atendiendo las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y el cumplimiento de metas y la ejecución de los últimos tres períodos.

El nuevo ministro de Hacienda y el Congreso deberán revisar las decenas de leyes que establecen los destinos específicos, revisar la productividad de cada uno y abolir muchas, pues la recaudación sale más cara.

jorge.woodbridge@icloud.com

El autor es ingeniero.

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