Evaluación académica

Los exámenes de bachillerato debían ser sustituidos, ya que no respondían al nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje fundamentado en competencias. Sin embargo, hasta la fecha, el Ministerio de Educación Pública (MEP) no ha logrado proponer un modelo de pruebas que brinde legitimidad al proceso y confianza a los actores.

De acuerdo con la Universidad Nacional, la prueba FARO “representó una mejora significativa en el modelo de evaluación de los aprendizajes”, pero evidenció yerros en su ejecución, especialmente en cuanto a la inclusión de preguntas sensibles en el cuestionario de factores asociados. Ese “error grave” dio motivos a la presente administración para eliminarla.

Ahora se aplican las llamadas Pruebas Nacionales Estandarizadas, que antes de comenzar ya enfrentaban serios cuestionamientos. La Comisión Interinstitucional de Estándares de Calidad y el Colectivo Mujeres por Costa Rica afirmaron que las pruebas “carecen de utilidad diagnóstica y educativa”.

Los propios funcionarios del MEP señalan deficiencias y debilidades, y recientemente la Asociación de Centros Educativos Privados también criticó falencias del MEP en la comunicación y puesta en marcha de los exámenes.

La prueba FARO concluyó que menos del 15 % de los estudiantes se ubican en niveles iniciales de desempeño. El dato, de acuerdo con la prueba nacional estandarizada, es un 38 %, sin que se haya explicado lo que ese número implica o se haya oficializado una meta en el país.

Mientras todo esto ocurre en nuestro sistema educativo, la evaluación PISA ofrece una dosis de realidad: en el 2018, el 60 % de los estudiantes costarricenses presentaron bajo rendimiento en matemáticas, pero el dato creció al 72 % en el 2022. Somos el país de la OCDE donde más empeoró el rendimiento de los alumnos.

Si el Estado no logra evaluar correctamente el impacto de los proyectos de política educativa en sus estudiantes, ¿cómo podremos mejorar?

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El autor es economista.