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El último domingo siete de Catalina

Convocar al presidente a debatir con antivacunas es colocar a la autoridad elegida al nivel de los detractores de la ciencia

En la historia, pocas instituciones tienen mayor alcurnia que las que, desde tiempos remotos y en todas las civilizaciones, nacieron para defender al pueblo de los abusos del poder. Desde las dinastías Qin en China y Joseon en Corea hasta las otras culturas entendieron que la paz social necesita poner correas a Leviatán. A la civilización occidental llegó de Escandinavia, donde se consagró la venerable figura de «ombudsman».

En Costa Rica, la defensa de los habitantes surgió en una década dolorosa. Eran los años 80, con todas sus convulsiones de crisis financiera, Centroamérica en llamas y nuestro Estado impedido de atender a una población desamparada como nunca. Pero esa época de carestías inspiró la Defensoría de los Habitantes.

Es una institución compleja y sus decisiones no son vinculantes. Su autoridad de influencia depende de su prudencia y sensatez. Su prestigio no se obtiene por decreto. De ahí que la eficiencia de la Defensoría estriba en la idoneidad de quien ejerce esa responsabilidad. En Costa Rica, «a contrario sensu», parece mala práctica.

Tiene de todo de lo que no hay que hacer. Ayer, figuras cuestionadas. Hoy, ocurrencias de antología. Y, sin embargo, eran previsibles. Su elección está plagada de opacidad politiquera y apellidos de «linaje» tienen ventaja sobre la experiencia.

El último domingo siete de Catalina Crespo sirvió de plato de sobremesa a los medios. Convocó al presidente a debatir con antivacunas, poniendo en el mismo talante a la autoridad elegida y a los detractores de la ciencia. Ante unánime crítica, se dejó decir que el presidente tiene como «responsabilidad inherente a su cargo» dialogar con la irresponsabilidad de los que no quieren vacunarse. Según ella, los 800.000 no vacunados aún lo están porque no lo quieren.

Es la antesala de un corte epistemológico, ruptura entre el concepto y el ser que representa: defender sensatez frente a la defensora. El sindicato de la Defensoría es único en su género, porque es de trabajadores cuyo oficio es velar por los derechos humanos. Y hoy también denuncia acoso. Es pertinente indignarse. ¿Será el castigo que merecemos por la clase política que consentimos? Nos arrepentiremos si dejamos que la Defensoría termine en la irrelevancia. La necesitamos, pero no así.

vgovaere@gmail.com

La autora es catedrática de la UNED.