EscucharHoy cambia la integración del Poder Legislativo; en una semana, la del Ejecutivo. Cómo actuarán quienes vienen forma parte de lo especulativo, aún difícil de precisar.
Cómo lo hicieron quienes se van abre un terreno más firme, aunque siempre subjetivo e incompleto: el del balance.
Pero allí están los hechos, y aunque las interpretaciones sobre ellos sean diversas y hasta contradictorias, hablamos de lo tangible.
Mi evaluación la resumo en una frase: el cuatrienio gubernamental muestra un saldo positivo, sobre todo, por su dimensión transformadora. Lo es más si consideramos las turbulencias del camino.
Complejo entramado
Parto de una aclaración: cuando me refiero a lo gubernamental, voy más allá del presidente, Carlos Alvarado, y considero una trilogía: la totalidad del Ejecutivo y las instituciones de su órbita, la Asamblea Legislativa y la Sala Constitucional.
No pretendo ser reduccionista y desconocer los complejos entramados sociales, económicos y culturales que, más allá de la constelación oficial, potencian o limitan las decisiones.
Sí me atrevo a decir que la interacción virtuosa —aunque no siempre armónica y menos aún planificada— de ese triángulo fue la principal razón por la cual logramos impulsar, como país, un conjunto de reformas de gran calado y necesidad que, durante años y hasta décadas, fueron postergadas.
Por supuesto que además de otros logros que no menciono hubo grandes errores y distorsiones en diversos frentes, como el clientelismo indómito de muchos diputados y algunos partidos, la inestabilidad en el Ejecutivo, fallas elementales en su conducción (UPAD), la permanencia de atavismos absurdos (CNP), el acelerado deterioro del sistema educativo y escándalos de larga cola y personajes diversos (Cochinilla y Diamante, entre otros).
Por supuesto que restan monumentales desafíos pendientes en ámbitos como el mercado eléctrico, el transporte urbano, la infraestructura física y virtual, la morosidad burocrática, la seguridad ciudadana, la tramitomanía, la dualidad de nuestra economía, la pobreza y desigualdad, el desencanto ciudadano, la marginalidad social y regional, y la eficiencia, modernización y sostenibilidad de la seguridad social por citar algunos de los más importantes.
También, pese a los avances, en el equilibrio de las finanzas públicas.
Pero los cambios de fondo durante este cuatrienio marcaron una inflexión tangible y con gran potencial futuro, que incidirá en lo que viene. Cuáles son los principales logros en el ámbito transformador es lo que trato de explicar ahora.
De la crisis al cambio
El primer gran aporte sustantivo fue la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Estuvo precedida por la explosión de la crisis fiscal y un conjunto de acciones de contención y buena administración para domarla, lideradas por la ministra de Hacienda Rocío Aguilar.
Gracias a ellas, el dúo Ejecutivo-Banco Central evitó la catástrofe del “hueco fiscal”, conjuró sus causas y frenó sus peores secuelas. Pero lo más importante fue lo que siguió: una reforma tributaria profunda, balanceada, moderna y visionaria que, además, plantó las primeras semillas de los cambios en el empleo público.
Su aprobación fue como tragar mercurio. Recordemos la feroz huelga educativa de entonces, con réplicas en salud y otros sectores, y los canturreos para que el Ejecutivo cediera “en aras de una paz social”, que solo puede lograrse en serio con reformas como esa y otras más.
Pero los diputados y el presidente, Carlos Alvarado, mantuvieron una firmeza poco común en nuestra política, y el proceso legislativo concluyó con éxito.
Hoy, a pesar de casi dos años de recesión económica inducida por la pandemia de la covid-19, ya vemos sus buenos frutos, con mayor recaudación, superávits primarios en el presupuesto nacional, mejoras en la calificación de riesgo país y reducción en la prima de los bonos nacionales.
A la vez, se asoma un proceso de reactivación, aunque aún endeble, siempre desigual e insuficiente para generar suficientes empleos: uno de los grandes pendientes.
Tras la reforma fiscal, los diputados modificaron el reglamento legislativo, limitaron las posibilidades de bloqueos internos e hicieron más expeditos los trámites para la generación de leyes. Fue un cambio de procedimiento con enorme impacto sustantivo.
Agilizadas por este nuevo instrumento, avanzaron otras reformas. El trauma de las agresivas huelgas, posibles por una legislación permisiva, condujo a que, un año y meses después, se regulara el ejercicio de este derecho laboral, de forma equilibrada y justa socialmente.
En el segundo semestre del 2019 fueron aprobadas tanto la educación dual como la autorización del teletrabajo, algo premonitorio antes de la pandemia.
En octubre, la Asamblea avaló capitalizar nuestro aporte al Fondo Latinoamericano de Reservas, y contar así con una fuente de apoyo eventual a la balanza de pagos.
Vinieron luego el salto cualitativo en la ley orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje, paso estratégico para la capacitación laboral acorde con los tiempos; el cierre del Fondo Nacional de Becas, que asumió el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS); y la reforma a los presupuestos de órganos desconcentrados para mejorar su transparencia y administración.
Añadamos la reestructuración de Japdeva y cambios en la Ley de Contratación Administrativa.
Entretanto, se aprobó la ambiciosa y necesaria agenda legislativa para nuestra incorporación a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con el impulso de una comisión especial conducida por el diputado Jonathan Prendas y el liderazgo de la ministra de Comercio Exterior Dyalá Jiménez.
El 25 de mayo del 2021 nos convertimos en su miembro número 35 y el cuarto de América Latina después de México, Chile y Colombia.
Lo más importante es que las leyes impulsadas durante el proceso son lo más cercano que hemos tenido en años a una reforma del Estado. Pero en esta materia aún falta mucho.
Más allá del FMI
La pandemia fue un inesperado y enorme shock sanitario, económico y social (es decir, humano). Con el instrumental legal disponible, sin violar derechos individuales y con transparencia, solo teñida por algunos escándalos puntuales, el gobierno consiguió manejar sus distintas facetas y fases de manera rigurosa y competente. De ello habla, entre otras cosas, nuestro ejemplar índice de vacunación.
El impacto económico-fiscal de la emergencia fue el principal móvil para la negociación y posterior ratificación legislativa de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Más allá de sus $1.778 millones de financiamiento en tres años (con desembolsos sujetos a cumplimiento de metas), ha mejorado la confianza financiera en el país, clave para la obtención de otros créditos y la buena gestión de la deuda pública. Además, nos dará mejores bases para afrontar la inflación internacional que se asoma.
Otra iniciativa transformadora esencial, que compone, aunque precede la agenda con el FMI, es la Ley Marco de Empleo Público. Su impacto fiscal (diferido) es lo de menos; lo esencial es que permitirá contratar mejor gente en el Estado, estimular su desarrollo y equipar razonablemente tareas y remuneraciones.
Si no es manoseada, impulsará un cambio cualitativo hacia una gestión pública más vigorosa y estratégica.
El camino de estas reformas nunca fue recto. Con gran frecuencia se produjeron desvíos; los más riesgosos, además de las movilizaciones sociales, fueron las consultas o reclamos ante la Sala Constitucional; algunos, incluso, de la Corte Plena.
Pero las decisiones legislativas salieron bien libradas en esa jurisdicción, o apenas necesitaron cambios puntuales para adquirir carta de ciudadanía.
La articulación
Llegamos a este 1.° de mayo con un sólido saldo transformador, pero que no debe hacernos desdeñar lo negativo y lo mucho que debe seguir. ¿Por qué se logró lo anterior? Esta es mi hipótesis:
Primero, la heterogeneidad y debilidad política del Ejecutivo, aunque obstáculos para muchas cosas, permitieron orientar su acción desde un realismo ecléctico, pero con visión.
Gracias a su pragmatismo, a una renovación de cuadros (¿fugaz?) en el PAC, el compromiso reformista y la manifiesta falta de ambiciones político-electorales del presidente Alvarado, el gobierno se liberó de anclas ideológicas paralizantes, redujo la influencia de sectores organizados y grupos de interés opuestos a los cambios, y se convirtió en impulsor de estos.
Segundo, a pesar de ligerezas, bloqueos y ocurrencias, hubo una gran convergencia ideológica y programática de casi todas las fracciones en la Asamblea (o pluralidades importantes de ellas) hacia las reformas.
A esto se añadió una sucesión de cuatro presidentes legislativos responsables, prudentes y eficaces: Carolina Hidalgo, Carlos Ricardo Benavides, Eduardo Cruickshank y Silvia Hernández.
Lo anterior permitió que, a pesar de traspiés en el Ministerio de la Presidencia (superados, finalmente, por Geannina Dinarte), se diera una adecuada coordinación entre ambos poderes sobre asuntos esenciales.
Tercero, los siete magistrados constitucionales (titulares o suplentes) estuvieron a la altura de su responsabilidad, se aislaron de presiones y actuaron con solidez y rectitud.
¿Se me escapan cosas? Sin duda. Reitero que el recuento es subjetivo e incompleto. Me he concentrado en lo estructural, aquello que transforma y marca una mejor cancha para seguir avanzando.
En ella entran a jugar ahora las nuevas —y viejas— autoridades; también, nuestra sociedad en su conjunto. De todos dependerá el buen desempeño.
El autor es periodista y analista.
