EscucharA diferencia de otras crisis más prolongadas, como la de Venezuela, en Nicaragua, se han cometido en tres años y medio los crímenes contra la libertad de prensa con extrema intensidad.
A partir del estallido social de abril del 2018, cuando la dictadura familiar Ortega Murillo perdió la mayoría política en las calles, el régimen se convirtió en una dictadura sangrienta y reprimió con igual virulencia a ciudadanos y periodistas, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, que se convirtieron en el “enemigo” por aplastar.
Algunas de las agresiones contra la prensa son el asalto paramilitar que destruyó las instalaciones de Radio Darío, en León, el 20 de abril del 2018; el asesinato del periodista Ángel Gahona, en Bluefields, el 21 de abril del 2018, que se mantiene en impunidad; agresiones físicas, asaltos, amenazas, espionaje e intimidación contra los reporteros por policías y paramilitares; el exilio forzoso de unos 120 periodistas en Costa Rica, Estados Unidos, España y otros países; el bloqueo aduanero contra los periódicos y la censura en la televisión abierta y el sistema de cable; la ocupación policial y el cierre de las redacciones de 100% Noticias, Confidencial (dos veces) y el diario La Prensa; las presiones económicas del Estado contra Canal 10, Canal 12 y Radio Corporación, y el cierre de 20 medios locales, aproximadamente, por presiones del partido FSLN; la aplicación de la Ley Especial de Ciberdelitos para criminalizar las libertades de prensa y expresión; el encarcelamiento y los juicios políticos contra los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda en el 2018 y 2019, y en el 2021, por segunda vez, contra Miguel Mora, precandidato presidencial; Miguel Mendoza, cronista deportivo y bloguero; y Jaime Arellano, comentarista político de televisión.
También, el juicio político por presunción de lavado de dinero contra la expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) Cristiana Chamorro, precandidata presidencial hoy bajo arresto domiciliario, Pedro Joaquín Chamorro, Marcos Fletes, Walter Gómez y el gerente general de La Prensa, Juan Lorenzo Holmann, presos en las cárceles de El Chipote.
Y la intimidación contra más de 50 periodistas que han sido citados por la Fiscalía en la investigación contra la FVBCH, entre ellos, el escritor Sergio Ramírez —acusado de “conspiración, incitación al odio y la violencia”—, cuya novela Tongolele no sabía bailar ha sido censurada y secuestrada por el régimen a través de la Dirección de Aduanas.
En consecuencia, en Nicaragua, se ejerce el periodismo bajo el riesgo de la agresión física, el asalto y el asedio de policías y paramilitares, y la amenaza de cárcel, tanto para periodistas como para las fuentes informativas y de opinión.
A pesar de la censura, seguimos informando y haciendo periodismo en Nicaragua desde el exilio a través de plataformas digitales, aunque estamos obligados a proteger la identidad de las fuentes independientes, que no podemos citar, porque informar y opinar bajo un régimen totalitario es un “delito” que se paga con cárcel.
Durante tres años y medio, la resistencia de la prensa ha descansado en el coraje de los reporteros y su compromiso profesional, ético y político, con apego a la verdad a cualquier costo y su negativa a aceptar la censura o la autocensura.
Nuestra primera tarea fue nombrar a las víctimas de la represión y contar las historias de los asesinados que siguen siendo negadas y ocultadas por el Estado. En efecto, los periodistas tomamos partido al lado de las víctimas de la masacre para promover una agenda de verdad, memoria, justicia y no repetición, como un compromiso ético con la reconstrucción democrática del país.
Tomamos partido, demandando la liberación incondicional de los más de 160 presos políticos y la anulación de los juicios espurios. Exigimos que cese la tortura a la que están siendo sometidas Dora María Téllez, Tamara Dávila, Suyén Barahona y Ana Margarita Vijil, que cumplen seis meses en celdas de confinamiento solitario en las cárceles de El Chipote.
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Durante la rebelión de abril del 2018, en Nicaragua, se hermanó la libertad de expresión de los ciudadanos con la libertad de prensa de los periodistas para difundir noticias e información confiable. El empoderamiento de la gente en la protesta y el uso masivo de los teléfonos celulares y las redes sociales generó un torrente de información sin el cual no habría sido posible cubrir la insurrección cívica en su dimensión nacional.
Practicamos un periodismo colaborativo que nace de la necesidad de autoprotección de los reporteros en la cobertura en las calles frente al asedio de policías y paramilitares, y del imperativo de distribuir en las plataformas digitales los contenidos de medios que se encuentran censurados. Además, compartimos fuentes, e incluso primicias informativas, y llevamos a cabo investigaciones conjuntas para lograr mayor profundidad y difusión de la información, para ganar la batalla de la verdad.
Las investigaciones periodísticas sobre ejecuciones extrajudiciales, violaciones de derechos humanos, la corrupción del régimen y la sobremortalidad en la pandemia de la covid-19, premiadas en certámenes internacionales, ofrecen una muestra irrefutable de la calidad del periodismo en resistencia.
Nunca en la historia de Nicaragua la prensa había estado más desprotegida ante el poder autoritario, contra el cual el único medio de protección para la prensa es hacer más y mejor periodismo.
El periodismo nicaragüense se ha reinventado en el exilio —en Costa Rica, Estados Unidos y España, principalmente— a través de plataformas digitales, pero nuestros ojos y oídos están en Nicaragua, con los colegas y los ciudadanos que permanecen en el país enfrentando los más altos riesgos para informar.
Por ello, apelamos a la prensa internacional para mantener la crisis de Nicaragua en las prioridades de la opinión pública mundial y, en particular, de América Latina.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos y de la prensa han hecho una extraordinaria labor para visibilizar la persecución contra los periodistas y demandar su protección, pero hacen falta muchas más historias en la prensa internacional sobre la tragedia nacional bajo Estado policial.
Las elecciones del 7 de noviembre, cuyos resultados se conocían de antemano, produjeron un interés inusitado en la prensa internacional, que tampoco pudo viajar a Nicaragua porque el régimen impuso el cierre de las fronteras.
A muchos colegas de medios internacionales que me entrevistaron en esos días, les reiteré que la verdadera historia no es lo que ocurriría el 7 de noviembre —unas votaciones de partido único sin competencia política—, sino al día siguiente, es decir, en los próximos meses y quizá años, en el proceso de resistencia civil para salir de una dictadura sin legitimidad por medio de la lucha cívica.
Mientras tanto, no podemos aceptar la entronización de una dictadura totalitaria en Centroamérica a través de la normalización de la violencia y el Estado policial. El mayor desafío que enfrentamos los periodistas nicaragüenses y la prensa internacional es mantener en el radar de la opinión pública mundial, y en particular del continente americano, la crisis de la tiranía de Daniel Ortega.
La historia del día siguiente de la farsa electoral es contar ahora cómo se cambia por medios civiles una dictadura represiva en los días de dolor y esperanza que vive Nicaragua.
Nota del autor: fragmento de mis palabras durante la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación en Canelones, Uruguay, el 1.° de diciembre del 2021.
carlosf.chamorro@confidencial.com.ni
El autor es periodista nicaragüense.
