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El pasado 7 de agosto, el presidente Donald Trump anunció la nueva tabla de aranceles, en la que nos llevamos la sorpresa de que, junto con Nicaragua, Costa Rica fue el país más castigado, con un aumento del 50%, pues pasó del 10% al 15% sin ningún tipo de excepción para todo producto de exportación costarricense que ingrese al territorio de dicho país. Mientras tanto, para el resto de los países miembros del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos o Colombia, Chile, Perú, Argentina, Uruguay, dicho impuesto se mantuvo igual: en el 10%.
Días después, el gobierno costarricense, tratando de justificar la discriminación evidente hacia nuestro país, lo atribuyó al “éxito comercial” de Costa Rica, que en 2024 tuvo un superávit con Estados Unidos de $1,5 miles de millones.
Evidentemente, es una justificación que no tiene ningún fundamento, y estas son las razones:
Primero, hay otros países que, con mayor éxito comercial que Costa Rica, lograron rebajas significativas en el arancel. Tal es el caso, por ejemplo, de Taiwán, que tiene un superávit comercial de $67,4 miles de millones y logró una rebaja del 38%, al pasar de 32% de arancel a 20%, o el caso de Vietnam, con un superávit de $113,1 miles de millones y logró una rebaja del 57%, al pasar de 46% a 20%.
Segundo, cuando el presidente Trump anunció los aranceles, en abril pasado, mostró un documento titulado “Barreras al Comercio Exterior” y en las páginas 100, 101 y 102, detalló, en criterio de los exportadores de Estados Unidos, los obstáculos no arancelarios que dificultan las relaciones comerciales con Costa Rica.
Estos temas incluyen tratamientos discriminatorios en impuestos, permisos sanitarios y fitosanitarios, compras del sector público, así como adquisición de licencias de software y otros productos en materia de propiedad intelectual, en que se da preferencia a comerciantes y productores locales en comparación con los exportadores de Estados Unidos.
Con esta hoja de ruta, me parece que sería muy sencillo sentarse a negociar cómo resolver estos asuntos como camino para lograr la reducción o eliminación de los aranceles.
Tercero, si bien es cierto que, según la fuente United States Census Bureau, Costa Rica tuvo en 2024 un superávit comercial con Estados Unidos de cerca de $1,5 mil millones –cifra que difiere con los datos del Banco Central de Costa Rica, que lo cuantifica en $800 millones–, la verdad es que una buena negociación hubiese desagregado dicho superávit según su origen en el régimen de producción de zonas francas y del régimen definitivo.
Si tomamos las cifras de nuestro Banco Central, es cierto que, en el año 2024 Costa Rica exportó a Estados Unidos, $9,4 miles de millones e importó de ese país $8,6 miles de millones, para un superávit de $800 millones. Sin embargo, ese superávit proviene de las empresas de zonas francas, que, para ese año, exportaron a Estados Unidos $7,4 miles de millones e importaron solo $2,9 miles de millones, es decir, un superávit comercial de $4,5 miles de millones. Entretanto, las empresas locales, o de régimen definitivo, exportaron a ese mercado $2,0 miles de millones, pero importaron $5,7 miles de millones, o sea, generaron un déficit comercial para Costa Rica con Estados Unidos de $3,7 miles de millones.
Por tanto, un argumento sólido para desenmascarar el famoso “éxito comercial” de Costa Rica habría sido desagregar dicho superávit para demostrar que se trata, en su mayoría, de empresas de Estados Unidos (que reciben las utilidades de dicho superávit) pero que, además, se trata de productos de exportación, la mayor parte de equipo médico e insumos dentales para consumidores de Estados Unidos.
Es evidente que en nuestra relación pura de empresas del régimen definitivo, no hay tal “éxito comercial”, sino, por el contrario, Estados Unidos nos saca provecho. Son las empresas de ese país, exportando desde Costa Rica, las que generan el superávit comercial total, por lo que no es de recibo el castigo de un aumento del arancel de un 50%; a lo sumo, se debió mantener en el nivel mínimo original del 10%.
Y para terminarla de hacer, la semana pasada nos enteramos de que el gobierno de Estados Unidos le está ofreciendo a Ecuador, gran competidor nuestro en banano, excepciones en el arancel del 15% para llevarlo a cero, siendo dicho producto uno de los favorecidos.
En conclusión, no es de recibo la respuesta simplista de nuestro gobierno de que la subida del arancel de Estados Unidos es debido a nuestro éxito comercial. Por el contrario, al igual que lo hicieron Vietnam, Taiwán, Europa, China y México, debería haber un equipo de primer nivel a tiempo completo en Washington, junto con lobistas reconocidos de ese país, contratados por nuestro gobierno y el sector privado, incluyendo la presencia del presidente de la República. Eso, si realmente hay un interés de esta administración por evitar una crisis económica de desempleo y reducción de ventas a nuestro mercado principal de Estados Unidos.
El sector productivo del país debe ser más exigente y golpear la mesa para que las autoridades responsables de este asunto realmente hagan una labor de excelencia y no lo que se ha logrado hasta hoy, que nos deja en total desventaja comercial respecto a nuestros principales competidores comerciales latinoamericanos y del Caribe.
Gerardo Corrales Brenes es economista y exbanquero.
