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Cuatro broncas para Chaves

Salario escolar, administración de Ebáis, oro de Crucitas e impuestos a las cooperativas son asuntos por resolver

El presidente, Rodrigo Chaves, posee un estilo gerencial y ejecutivo para la toma de decisiones. Define su pensamiento como hiperpragmático, orientado hacia la consecución de metas realistas y prácticas. Pasa de las palabras a los hechos.

El pragmatismo no le da gran importancia a las ideologías e idealismos, las cosas solamente tienen un valor en función de su utilidad práctica, de lo que funcione mejor.

Este cambio de mentalidad en la conducción del gobierno es un respiro de aire puro después de ocho años en los que los dogmas ideológico-estatistas prevalecieron en muchas ocasiones por encima del bien común.

El eslogan en la campaña de Chaves fue “Me como la bronca”, y si por la víspera se saca el día, pareciera que va a cumplir su palabra, razón por la cual voy a proponer cuatro, que con seguridad la gran mayoría de los costarricenses quisieran que se compre.

1. Impuestos a las cooperativas. Según el artículo tercero de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las cooperativas están exentas, siempre y cuando demuestren su condición jurídica y estén constituidas por pequeños o medianos productores agropecuarios, de bienes y servicios u otras entidades sin fines de lucro.

Aquella idea romántica de ayudar a los pequeños agricultores ya no se aplica en todos los casos. La mayoría de las cooperativas son de ahorro y crédito y de seguros.

En el campo agropecuario, hay grandes empresas transnacionales que por ningún motivo se justifica que no contribuyan al fisco. La exoneración no toma en cuenta el tamaño, los ingresos, la rentabilidad o el tipo de emprendimiento.

Los excedentes distribuidos entre los asociados son gravados con el 5%, a diferencia de los dividendos de una empresa particular, que tributa un 15%, y los rendimientos de los títulos valores apenas un 8%, mientras en el sector privado se paga un 15%.

Insto al presidente Chaves y su equipo a que preparen un proyecto de ley para que se haga justicia, pues en el cuatrienio pasado, en especial los diputados del Partido Liberación Nacional, se opusieron.

2. Salario escolar. En la administración Figueres Olsen (1994-1998) se creó el absurdo jurídico denominado salario escolar, por decisión de la Comisión Nacional de Salarios.

Lo que se concibió como un ahorro, producto de la deducción, poco después se convirtió en un aumento adicional. El 3 de abril del 2017 la Procuraduría General de la República concluyó que el decimocuarto mes constituye un componente salarial, no una retención.

Al mandatario y su ministra de la Presidencia les sugiero elaborar un estudio junto con el Ministerio de Trabajo para determinar cuál es el mecanismo legal que lo sustenta, ¿un decreto o un acuerdo? Todos sabemos que no es una ley. De esa forma se eliminaría.

Si aun así desean mantenerlo, debe ser considerado parte de la remuneración y que pague el impuesto sobre la renta según la escala.

3. Tercerización de los Ebáis. En el 2015, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) hizo un estudio financiero que demostró que, aparte de brindar servicios de calidad, la tercerización le ahorra un 50% en el pago de recurso humano.

La cuestionada decisión de institucionalizar los 37 Ebáis administrados por la Unibe tuvo un costo de ¢4.227 millones solo en el primer año. Ya la CCSS lanzó una ofensiva para retomar los 117 Ebáis que todavía manejan las cooperativas. Dichosamente por la pandemia, echaron atrás la decisión que hubiera significado a los cotizantes ¢26.000 millones anuales.

El presidente Chaves y el jerarca de la CCSS, deben idear un plan de tercerización de los 936 Ebáis que administra la institución, porque redundaría en economías para la entidad cercanas a los ¢120.000 millones al año.

4. Crucitas: Se calcula que la riqueza del yacimiento de oro de Crucitas alcanza unas 64 toneladas con un valor aproximado a los $2.500 millones. La Dirección de Geología y Minas reveló en julio del 2019 que se han extraído ilegalmente 4,2 toneladas de oro, equivalentes a $197 millones.

Un país pobre como Costa Rica no puede darse el lujo de dejar enterrada semejante riqueza, y menos que otros se la lleven. Lo ideal, don Rodrigo, es que el Estado vuelva a concesionar la extracción para que una empresa responsable brinde empleo en la zona y el país no sea cómplice de un delito ambiental como el que está ocurriendo.

Si algo sobra en este país son broncas, lo que no ha habido es voluntad política, valentía e inteligencia para enfrentarlas. Veremos si en los próximos cuatro años el presidente cumple su promesa.

guzmanr@ice.co.cr

El autor es odontólogo.

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