EscucharUn día de estos, mientras el exvicepresidente Rodrigo Oreamuno y yo conversábamos, llegamos a la conclusión de que es necesario reformar el artículo 131 de la Constitución Política, donde se establecen los requisitos para ser presidente de la República, con el fin de agregarle un nuevo inciso que diga lo siguiente: “4) Haber sido diputado”. ¿Qué nos condujo a semejante conclusión? Lo explico a continuación.
Los tres últimos presidentes entraron, desde el comienzo de sus mandatos, en conflicto con la Asamblea Legislativa y la confrontación se fue agravando conforme pasaron las legislaturas.
Esta falta de entendimiento mínimo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo ha producido, y está produciendo, una aguda crisis de gobernabilidad, pues cada poder anda por su lado, como si se tratara de una mejenga. Ni siquiera son capaces de ponerse de acuerdo en asuntos tan básicos como el contenido del presupuesto nacional.
Los tres tienen en común que nunca fueron diputados, por lo que subieron directamente a la presidencia de la República, uno sin experiencia ministerial y dos con poca participación en cargos públicos relevantes.
Excepciones a la regla
Alguien podría esgrimir que don Pepe nunca fue diputado y que, sin embargo, la historia lo ha juzgado como el estadista más sobresaliente del siglo XX. Este argumento no es de recibo, pues, como es bien sabido, José Figueres era una rara avis en nuestro mundo político, al igual que lo fueron don Braulio Carrillo y don Ricardo Jiménez.
Esa estirpe de presidentes aparece cada siglo sin que exista ninguna explicación racional al efecto. Simplemente, aparecen para beneficio del país y punto. En el caso de estos hombres excepcionales, no hacía falta la experiencia política previa, pues por alguna razón fuera de nuestro conocimiento nacieron para ser gobernantes. Así de sencillo. Por consiguiente, no debemos juzgar la regla con base en la excepción.
Parlamentarismo
En los regímenes parlamentarios se exige, con mucha sabiduría, que el primer ministro tiene que ser, simultáneamente, miembro del Parlamento, es decir, se produce una coordinación por integración entre el poder ejecutivo y el Parlamento.
En el caso de Costa Rica, desgraciadamente, carecemos todavía de la suficiente madurez y cultura políticas para evolucionar hacia un régimen parlamentario de gobierno.
En efecto, un régimen parlamentario, para funcionar sin fruiciones, debe ser bipartidista, como lo demostraron los ejemplos del Reino Unido y España hasta épocas recientes. En nuestro país, donde el pluripartidismo llegó para quedarse, establecer un régimen parlamentario de gobierno nos sumiría en un caos permanente de ingobernabilidad, dado que las alianzas políticas transitorias formadas para crear gobiernos posiblemente se romperían cada seis meses, como mínimo.
Por tanto, tenemos que conformarnos con el régimen de gobierno que tenemos y tratar de mejorarlo en la medida de lo posible.
Plus para gobernar
La experiencia como parlamentario le daría al presidente una visión amplia de la institucionalidad del país y de cómo el juego de pesos y contrapesos posibilita lograr un equilibrio gubernamental mediante la negociación constante.
Recordemos que, en todo caso, gobernar consiste en conciliar posiciones divergentes para alcanzar el consenso y, de esa manera, tomar las medidas legislativas y ejecutivas idóneas para satisfacer las necesidades de la sociedad civil dentro del respeto irrestricto del ordenamiento jurídico.
Como en la actualidad ello no es posible, puesto que cualquier persona, sin experiencia parlamentaria, posee el mismo derecho a aspirar al cargo de presidente de la República, Rodrigo Oreamuno y yo consideramos necesaria una reforma de la Constitución Política y exigir que, en lo sucesivo, se exija como requisito para aspirar a la presidencia el haber sido diputado.
De esa forma, nos vacunaríamos contra los candidatos y contra posibles presidentes ungidos con base en mayorías transitorias irreflexivas, que acuden a las urnas electorales a escoger al mandatario no con fundamento en la razón, sino más bien con la pasión irreflexiva de quien busca el cambio por el cambio.
El autor es abogado constitucionalista.
