El modelo de III República que promueve el partido gobernante no es posible en nuestro país en este momento, pues, sabiamente, el Constituyente de 1949 estableció mecanismos de control político y jurídico que impiden desmantelar el Estado social y democrático de derecho
Anunciar en campaña la eventual suspensión de garantías constitucionales como la ‘pomada canaria’ para enfrentar los actuales problemas de seguridad del país es una excusa barata y demagógica para justificar la incapacidad de resolverlos
Estas son las razones por las cuales la reelección presidencial sucesiva no solo no es posible políticamente, sino tampoco jurídicamente
El ordenamiento jurídico costarricense se ha complicado excesiva e innecesariamente, lo que ha provocado que el Estado sea cada vez más incapaz de satisfacer las nuevas demandas de la sociedad
Una pregunta elemental: ¿estaría el TSE dispuesto a jugarse su reputación incólume de 75 años de trayectoria haciendo una petición inconstitucional y antojadiza a la Asamblea Legislativa?
Siempre hay una ley, un reglamento, una orden o una resolución de una institución de control o de un órgano asesor que impide actuar. O, simplemente, los mandos medios deciden no hacer nada y todo se paraliza
